Todos los gobiernos han tenido extravagantes argumentos y descalificaciones a la hora de negociar los salarios docentes. Es una especie de paritaria testigo, no respecto de la cifra final que se negocia (históricamente y en épocas productivas, siempre fue el aumento alcanzado por la UOM el que se tomó como nivel para negociar) si no, sobre todo, por lo que está en juego en medio de esas tensiones. Así “La Patria”, “La Educación Pública”, “La Vocación”, “Los Niños”  –todo con mayúsculas- son parte de una batería de apelaciones grandilocuentes destinadas a esquivar el verdadero objetivo de esos argumentos: pagar menos a los docentes y no reconocerlos como trabajadores. Hasta hay un capítulo imperdible de la serie House of Cards que muestra desde adentro las miserias gubernamentales a la hora de enfrentar un conflicto docente en los Estados Unidos.

En estos días, donde aún no se cierran los acuerdos del sector ni en la provincia de Buenos Aires ni en Santa Fe, diarios de tirada nacional han publicado artículos que presionan con datos imposibles de verificar: “8.600 alumnos dejaron la escuela pública por los paros en la provincia de Buenos Aires” ó “Un alumno cada 5 minutos dejó la escuela pública bonaerense en marzo”.

En Santa Fe, al menos, la paritaria incluyó discusión pura y dura de cifras y porcentajes. El gobernador Miguel Lifschitz sólo mordió la banquina cuando les dijo a los docentes que “dejen de tensar la cuerda”. Pero no mucho más que esto. Salvo algún funcionario destemplado que intentó descalificar a los dirigentes sindicales, aquí no se acusó a los maestros de intencionalidad política alguna. Los docentes apuntaron que en realidad no recibirían el 25 por ciento que ofrecieron a estatales y municipales, sino que para ellos terminaría siendo un 22 por ciento por el descuento del incentivo docente. Piden, de mínima la igualación con sus pares de otras reparticiones santafesinas para seguir conversando.

Pero es muy sintomático lo que sucede a nivel nacional donde hay un gobierno que por un lado se niega a otorgar incrementos salariales que al menos alcancen el índice inflacionario y recuperen en parte la pérdida del poder adquisitivo del año pasado; mientras que por el otro lado anuncia un nuevo tarifazo para el gas del 40 por ciento. Es una gestión que está poniendo a prueba incluso leyes de la física: hasta donde se puede presionar siempre a un mismo sector.

Cambiemos sigue esquivando, con cada vez menos margen, los temas centrales de la agenda política y cuando no queda otra que enfrentarlos, apela al gobierno anterior, a la herencia y los problemas judiciales de ex funcionarios. Todo recurso político tiene fecha de vencimiento porque la realidad por algún lado termina imponiéndose, sólo se la puede disfrazar y retardar un poco.

Con sólo echar una mirada al informe de los industriales santafesinos difundido esta semana, alcanza. La caída de la actividad en febrero fue del 8,2 por ciento y acumula 13 meses de índices negativos con más de 1500 puestos de trabajo perdidos. No hay muchas maneras de contarlo.