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Un escrito que refuta la denuncia contra Cristina

El Gobierno presentó un documento que rechaza con argumentos la denuncia del fiscal Nisman contra la Presidenta por presunto encubrimiento de quienes atentaron contra la Amia

La Procuración del Tesoro de la Nación refutó el contenido de la denuncia formulada por el fallecido fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, y asegura que "no existe prueba alguna, ni siquiera de carácter 'indiciario'”, que demuestre la existencia de conductas “susceptibles de ser encuadradas en ilícitos penales”. Lo hizo a través de un escrito que presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 3, a cargo de Daniel Rafecas, quien retomará sus tareas el 22 de febrero.

Ese juzgado tiene a su cargo la investigación de la denuncia formulada el 14 de enero pasado por el luego fallecido titular de la Unidad Fiscal de Investigación de la causa Amia, quien fue hallado muerto en su departamento de la zona de Puerto Madero pocos días después.

En la presentación -de 68 páginas y 15 documentos probatorios-, la Procuración del Tesoro de la Nación sostiene que “no existe prueba alguna, ni siquiera de carácter 'indiciario', que demuestre la existencia de conductas atribuibles a la Presidenta de la Nación o a funcionarios del Gobierno Nacional susceptibles de ser encuadradas en los ilícitos penales tipificados (….) en el Código Penal”.

Además, señala que “los documentos de carácter técnico” producidos por los ministerios de Planificación Federal y de Economía, y por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) “desbaratan las afirmaciones de la denuncia en el sentido que la firma del Memorándum de Entendimiento (con Irán) habría tenido un móvil ilegítimo encubierto”.

En este sentido, el escrito de la Procuración sostiene que “ninguna actuación de las autoridades del Gobierno argentino tuvo por objeto la desincriminación de los ciudadanos iraníes, en particular aquellos alcanzados por las notificaciones rojas de Interpol”, en el marco de la investigación del atentado a la Amia.

“El objetivo que persiguió el gobierno argentino a través de dicho acuerdo fue el de favorecer el progreso de la causa Amia, cuyo trámite se vio gravemente obstruido por la imposibilidad de someter a declaración indagatoria a varios ciudadanos iraníes imputados en el proceso, debido a la inexistencia de acuerdos bilaterales previos que obligaran a Irán a extraditar a esas personas”, consigna el escrito.

“Ni del texto del Memorándum de Entendimiento ni de lo actuado por las autoridades del Gobierno argentino en forma previa, concomitante o posterior al acuerdo, se infiere la existencia de acuerdo alguno destinado a alcanzar un objetivo distinto al anteriormente señalado”, asevera el documento difundido por la Procuración.

Incluso, subraya que “todos los actos y medidas, y, en general, toda la actuación del Gobierno nacional en relación al Memorándum de Entendimiento, se ha ajustado al ordenamiento aplicable en la materia”.

Además, afirma que la Cancillería, en sus contactos con Interpol, “mantuvo en todos los casos una conducta coherente y clara, en el sentido de que la suscripción del Memorándum de Entendimiento no había implicado cambio alguno en la vigencia de las notificaciones rojas de Interpol ni menoscabo alguno en las atribuciones del juez natural de la causa Amia para adoptar decisiones en tal sentido”. 

(Télam)

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