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Un análisis de las finanzas en el estado provincial

La primera nota de una serie que analizará el estado de las finanzas del gobierno santafesino

La presente nota inicia una serie referida a la situación presupuestaria del estado provincial. Se trata de una cuestión compleja, extendida y repleta de matices. Esto no impide construir o formular valoraciones, opiniones, críticas y propuestas. Por el contrario, una lectura sin crítica es una lectura sin sustancia, sin pimienta. Junto a la crítica, o previo a ella, se hace necesario describir. Esta serie se propone avanzar en este sentido y sólo el lector tendrá la última palabra para evaluar la profundidad del intento.

La última información disponible en el sitio oficial del gobierno de la provincia de Santa Fe permite ver lo ocurrido hasta noviembre de 2014. Entre enero y noviembre de 2014, los ingresos fiscales –tanto los de origen en gravámenes y otros conceptos provinciales como los recibidos del estado nacional– sumaron 57.055 millones de pesos. En el mismo período, las erogaciones, esto es el conjunto de egresos, alcanzaron las suma de 56.979 millones de pesos. El superávit resultante alcanzó en los once meses sólo 76 millones de pesos. Reducir toda interpretación a los números sin ver la calidad y composición de los ingresos y egresos es caer en la trampa de las lecturas que la noche neoliberal hizo penetrar con profundidad en la opinión pública y en la formación de los profesionales, especialistas y analistas. Aquí trazaremos algunas líneas para aportar sugerencias desde una óptica heterodoxa, no convencional.

Diferencias estructurales a considerar

Hay estados provinciales que tienen escasos recursos fiscales propios, dependiendo esencialmente de aquellos que les envía el estado nacional por conceptos diversos y hay provincias que poseen una composición más importante de recursos propios dependiendo en menor medida de aquellos de origen nacional. Además de esta diferencia, hay provincias que poseen cajas de jubilaciones propias, como en el caso de Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires y otras que no la poseen, estando –por el contrario–sus trabajadores (activos y pasivos) en el Sistema Integrado Previsional Argentino – SIPA. Ambas cuestiones, el grado de dependencia de los recursos nacionales o si se prefiere el grado de autonomía por el peso de recursos propios y la presencia o no de cajas de jubilaciones de alcance provincial constituyen una marca muy fuerte que permite y obliga a analizar los resultados con seriedad y prudencia interpretativa.

Sobre la coparticipación

En Argentina, se coparticipa, esto es se participa de la recaudación, de arriba hacia abajo: la nación a las provincias y estas a municipios y comunas. Los regímenes de coparticipación constituyen una cuestión siempre conflictiva de varias dimensiones: la primera es qué proporciónde todo lo que se recauda es coparticipada hacia abajo, y la segunda es cómo se distribuye, en base a qué criterios y proporciones se gira a los destinatarios. Ejemplo: si la nación distribuye sólo una proporción de lo que recauda ¿cuál es el criterio de reparto entre las provincias? No se trata –en general– de una decisión unilateral antojadiza sino de una fundada en normas de consenso que, para ser modificadas, siempre hacen aparecer la discusión sobre las dos dimensiones antes expuestas. Los criterios suelen tener dos o más parámetros, entre ellos el tamaño de la población y la necesidad de financiación del desarrollo. Por ejemplo, es sabido que Formosa es una provincia “pobre” que necesita financiar su desarrollo, pero Buenos Aires, una provincia “rica”, tiene más cantidad de pobres que toda la población de Formosa. Si no se modifica el total a repartir, toda alteración del cómo se distribuye implicará que quienes reciban más lo harán a expensas de quienes reciban menos. Y esto se puede ver tanto en la relación nación y provincias, como de estas respecto de municipios y comunas.

Datos preliminares sobre las finanzas del estado provincial de Santa Fe

Los cuadros que se muestran junto a este artículo describen una síntesis de los ingresos y egresos ocurridos entre los meses de enero y noviembre de 2014. Las cifras están expresadas en millones de pesos. Destacaremos –en esta nota– sólo tres cosas:

Que los recursos corrientes explican más del 97% de todos los ingresos, siendo relevante la participación de aquellos de origen tributario, léase impuestos, tanto provinciales como los que se reciben –en concepto de coparticipación– del estado nacional.
Que los gastos corrientes explican casi 94% de los egresos totales, teniendo un peso decisivo tanto las remuneraciones del personal activo como las prestaciones de la seguridad social a jubilados y pensionados, representando 42% y 17,3% respectivamente. Estos guarismos puede decirse que son de carácter estructural porque si se mira retrospectivamente unos 20 años, la participación de los primeros ha oscilado en torno del 41% y los segundos en torno del 15,4% aproximadamente.
Que los gastos de capital, léase fundamentalmente la obra pública, se financia con recursos corrientes y en menor medida con recursos de capital. Traducido significa que la obra pública, no sólo en 2014 sino desde hace por lo menos dos décadas, en vez de ser financiada a largo plazo por préstamos, lo es utilizando recursos normales, regulares y habituales, difiriendo la atención de algunas necesidades corrientes. Se trata de un tema pendiente de solución política tanto en el estado nacional como provincial: de dónde sacar los recursos para las obras cuyos beneficiarios no se circunscriben a las actuales generaciones sino también a las futuras.

(Fuente: Ministerio de Economía y elaboración propia)

(Fuente: Ministerio de Economía y elaboración propia)

Sergio Arelovich

Red de Economía Política de Rosario

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