Un presupuesto público es una herramienta que permite acompañar las políticas públicas diseñadas por los estados. Es un instrumento que expresa la definición de objetivos a alcanzar, en uno o más períodos de ejecución, y a partir de esa traza, la creación, administración y ampliación de las fuentes financieras que harán posible atender a aquellos.

Lo primero es la determinación de las necesidades a atender y a continuación el cómo hacerlo posible. Esto hace que tanto los gastos como los ingresos presupuestarios sean claro reflejo de tal conjunto de definiciones: en qué se gasta y quien hace el aporte para resolverlo. Un presupuesto estatal existe porque existe un estado, porque hay un reconocimiento social - fruto de un largo proceso histórico - de una necesidad, la de un espacio institucional que resuelva cuestiones que no están en condiciones de ser resueltas ni por el mercado ni por la sociedad civil no organizada.

En nuestro sistema político, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, los presupuestos son confeccionados por el poder ejecutivo, tratados, aprobados o modificados por el poder legislativo y sujeto a una serie de revisiones de órganos legislativos o extra legislativos. Cada presupuesto incluye una serie importante de lo que podrían denominarse rigideces, esto es partidas asignadas sin posibilidad de ser modificadas en el corto plazo y que constituyen un piso no discutible. Rigideces no es sinónimo de inmodificables, tampoco que signifiquen un problema. En todo caso debe interpretarse que toda modificación que apunte a tales rigideces requiere de un plan que – en general – podrá aplicarse en más de un ejercicio.

Una cuestión importante es que así como los diputados y senadores aprueban y/o modifican el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, también tienen la obligación anual - antes de aprobar el nuevo presupuesto - de revisar y expedirse sobre la ejecución efectiva del presupuesto anterior. El presupuesto ya ejecutado, en sus ingresos y egresos, se conoce en la jerga de la administración pública como Cuenta de Inversión. El presupuesto es el deseo de aquello que se pretende que ocurra y la cuenta de inversión es lo que efectivamente ocurrió para tal período con las cuentas públicas.

Aquí aparecen varias tensiones y espacios de puja de intereses, entre otras:

  1. Hay quienes estiman que los estados deben tener presupuestos mínimos, garantizar determinados servicios y dejar que la “mano invisible” organice la vida social. Obviamente se trata de una mirada que retrasa por lo menos 200 años aunque es recurrente volver a escuchar reclamos en este sentido.
  2. Los estados no son espacios neutrales, sino atravesados por las mismas pujas que existen en el seno de la sociedad. Esto hace que sean espacios de confrontación y disputa en los cuales se encuentren visibles hegemonías, en el sentido de fuerzas que dirigen, dominan, conducen, imponen, subordinan.
  3. La estructura de los presupuestos es reflejo de esas pujas. Cómo se distribuye la carga de impuestos y otros gravámenes, cómo se determina su aplicación, constituyen expresiones del estado de esa disputa.
  4. El comportamiento de las finanzas de las administraciones públicas provinciales es reflejo de la actividad económica. Se trata de un sensor que la muestra en función del facetado del cristal con el que está construida tanto la política de ingresos como de egresos fiscales.

Aparece una confusión recurrente: la de identificar como similares lo estatal y lo público. Para enunciarlo de modo sencillo y preliminar: lo estatal es de carácter público pero lo público no se reduce a lo estatal. Pensar en transformaciones de la sociedad en la que habitamos, precisa potenciar esta diferencia.

Sergio Arelovich

Red de Economía Política de Rosario