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La pata policial en la desaparición de Paula Perassi

Fiscales requieren al juez que arreste a dos altos comisarios, a tres oficiales y a cuatro civiles. El lunes buscarán en una cava de Puerto San Martín restos de la mujer desaparecida en 2011

Los fiscales Donato Trotta y Román Moscetta solicitaron al juez penal de San Lorenzo, Juan José Tutau, que ordene la detención de nueve personas involucradas en la desaparición de Paula Perassi, de quien nada se sabe desde el 18 de setiembre de 2011. Entre ellos, hay cinco policías que estaban abocados precisamente a la búsqueda de esta mujer de 36 años, que vivía en San Lorenzo y que estaba embarazada cuando desapareció, aquel domingo por la noche, luego de haber sido vista en un locutorio telefónico distante a dos cuadras de su casa familiar. Los pedidos de captura elevados al juez se fundan en una trama de encubrimiento que quedó en evidencia cuando los fiscales advirtieron que faltaban horas de escuchas telefónicas en el expediente y se los pidieron a la por entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (Side). Allí saltaron no sólo evidencias de que Perassi habría sido forzada a abortar y que hubo participación policial en ocultar su cadáver, sino también otros delitos graves que tienen como epicentro la Unidad Regional XVII de policía, y como escenario, la zona entre San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes. El Equipo Argentino de Antropología Forense (Eeaf) empezará el lunes a buscar los restos de Paula en una cava de Puerto San Martín, utilizada por la Municipalidad de San Lorenzo.

El caso hasta ahora está rotulado como “privación ilegítima de la libertad, seguida de aborto contra voluntad de la víctima y posterior muerte”. Los abogados de Alberto Perassi, padre de Paula, sopesan la posibilidad de que Tuttau cambie la tipificación a “desaparición forzada de persona”, y en ese caso la causa debería pasar al fuero federal. Es que hay muchos indicios de policías provinciales involucrados en tapar el caso.

Las personas que los fiscales quieren hacer detener son el amante de Paula Perassi, el transportista Gabriel Strummia, y su empleado Antonio Díaz. Estos ya estuvieron presos por esta causa, y luego recuperaron la libertad. También figuran en la nómina la esposa de Strummia, Roxana Michl, y Mirta R., señalada como la partera que realizó el aborto.

La pata policial de este grupo que Tutau todavía no ordenó arrestar está integrada por quienes en ese entonces eran jefes de Unidades Especiales de la URXVII, comisario principal Jorge Krenz, y de Agrupación Cuerpos, comisario inspector, Daniel Puyol, y por los oficiales María José Galtelli, Ramón Godoy y Aldo Gómez. Estos habían sido abocados a la investigación sobre el paradero de Paula Perassi.

La hipótesis que sostienen tanto Alberto Perassi como sus abogados Adrián Ruiz y José Ferrara es que Paula no quería abortar el embarazo que gestaba, fruto de su relación con Strummia. Aquel domingo al anochecer, ella salió de su casa con el pretexto de ir a buscar una tarea escolar de su hijo, pero fue a realizar una llamada a un locutorio cercano. Allí habría sido secuestrada. El dueño del locutorio alegó que el registro de video fue borrado de inmediato, y por eso allí se le perdió el rastro a la mujer.

Según la trama que hilvanan los Perassi, Paula fue llevada hasta una partera de Timbúes contra su voluntad. Entonces, las teorías se bifurcan: “O Paula murió en el aborto, o se lo hicieron y luego la asesinaron para no pueda traerle problemas a Strummia”, supuso Ruiz en diálogo con Rosarioplus.com.

Sospechan que el cuerpo de la mujer y el feto fueron enterrados en la cava de basura situada entre Puerto San Martín y Timbúes. Allí empezarán a trabajar los peritos del Eeaf desde el lunes y bajo custodia de Gendarmería Nacional.

A partir de allí, de acuerdo con los elementos de prueba recabados, comenzaría la participación policial en el encubrimiento. “Hicieron desaparecer pruebas, hacían un simulacro de investigación. Hay grabaciones de un supuesto pedido de ayuda de Paula en la que no hubo llamado telefónico. La policía directamente envió a la Side una grabación que no surgió de un llamado telefónico, y la voz presuntamente era la de la mujer de Strummia”, reveló el penalista. 

Mientras tanto, los agentes de Asuntos Internos asignados a la investigación eran cambiados de destino apenas comenzaban a desandar la pesquisa. Fue el equipo de los fiscales el que detectó que en el expediente faltaban horas de escuchas telefónicas de las líneas de la URXVII y de los celulares de los policías hoy bajo sospecha. Así surgieron otros indicios acerca de delitos varios como el robo de cereal y posterior venta en negro a partir de la operación de puertos secos en esa zona portuaria, el tráfico de drogas y la liberación de detenidos a cargo de la policía sanlorencina para que salieran a cometer otros delitos y luego regresar a prisión. 

 

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