La mitad de los Monos ya acotó sus cuentas legales

Este miércoles firmaron 14 de los 35 procesados, quienes acordaron asumirse culpables a cambio de penas reducidas. Para los fiscales, es “evitar que haya impunidad”. Para la defensa, fue “evitar que en un juicio oral los jueces atendieran el clamor popular y cometieran una injusticia”

En medio de un ruidoso operativo de seguridad que incluyó hasta un helicóptero sobrevolando, y con los familiares expectantes y sonrientes en la vereda de enfrente, 18 personas procesadas en dos causas penales que involucran a la banda Los Monos, definieron hoy su situación con la ley en un acuerdo con los fiscales por las que admiten ciertas culpas a cambio de recibir condenas cuya dimensión es fruto de la negociación entre partes. Diez de esas personas son condenadas a penas de prisión efectiva, cuatro reciben penas de prisión condicional, y otras cuatro solicitan la suspensión de juicio y a cambio ceden bienes patrimoniales al Estado, en concreto, la casa quinta en las afueras de Pérez que fuera allanada hace un par de años.

El acuerdo de juicio abreviado y penas atañe a los imputados en las causas 913/12 (contra los Monos por asociación ilícita) y 448/13 (homicidio de Diego Demarre) debe ser aprobado ahora por la jueza de instrucción Alejandra Rodenas, y si lo hace lo elevará al juez de sentencia nº6, Julio García, a quien le toca la decisión de aprobarlo o rechazarlo, justo cuando este magistrado está a un tris de jubilarse.

El acuerdo levanta polémica hasta en la misma comunidad forense, por cuanto se repara en el detalle de que el principal procesado, Máximo Ariel “Guille” Cantero, logró modificar su imputación en el homicidio de Diego Demarre a una participación secundaria. Entre eso y el cargo de jefe de asociación ilícita, al único Cantero detenido le caben 9 años de prisión efectiva. Ya cumplió dos años preso, y dentro de cuatro años ya podría pedir su libertad condicional, admitió ayer el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini.

Los fiscales Camporini, Rubiolo y Fernández Bussy defendieron el acuerdo firmado con los Monos.
 

El resto se reparte en cargos por asociación ilícita en grado de integrante, y en algunos casos tenencia de armas de guerra y encubrimiento. Los cuatro que no tenían antecedentes penales recibieron condenas de ejecución condicional. El resto, 17 de los 35 procesados en total, esperan la vía del juicio escrito, también a decisión del juez García.

El máximo de pena recayó en Guille Cantero, a 9 años, luego, fueron condenados a 3 años de prisión efectiva, a saber: Patricia Celestina Contreras (madre de los Cantero), Mariano Ruiz (a cargo de las inversiones legales de la banda), Norberto Omar González (involucrado, además, en el crimen de Martín Fantasma Paz), Cristian Bustos, Juan Domingo Ramírez y Emanuel Villa. Además, aceptaron 3 años de prisión e inhabilitación perpetua para ser funcionario público al ex policía Juan Maciel (cárcel efectiva) y al ex suboficial de Prefectura Luciano Ramos (condicional), ambos involucrados en la red de complicidad en fuerzas de seguridad que tejió la organización delictiva. 

Además, Emanuel Chamorro y Leandro Vilches aceptaron una pena de 8 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, tenencia de arma de guerra y participación secundaria en el asesinato de Demarre, la primera venganza por el crimen de Claudio Pájaro Cantero. 

Recibieron penas de 3 años de prisión en ejecución condicional por integrar la asociación ilícita pero sin antecedentes previos Gisela Vilches, Susana Alegre, María Alejandra Vilches. En tanto, Vanesa Barrios (pareja de Guille Cantero), Lorena Verdún (viuda del Pájaro Cantero), Lorena Schneider (pareja de Ruiz) y Ariel Bertolotto solicitaron la suspensión de juicio y ofrecieron en cambio bienes patrimoniales, el más emblemático, la quinta de Pérez. 

“Es lo posible dentro de lo legal”

En rueda de prensa, Camporini, Rubiolo y Gonzalo Fernández Bussy defendieron los términos del acuerdo. “De lo contrario, había riesgo de absolución de los procesados, y de esta manera evitamos que haya impunidad. Es un primer paso. Si la justicia federal y el nuevo sistema acompañan en seguir las investigaciones, se podrá avanzar en combatir estas organizaciones. La causa no se cierra aquí, hay prófugos y ya encomendamos a la policía que se esfuercen en capturarlos”, dijo Camporini en alusión al jefe máximo del clan, Ariel Cantero, y a su hijastro, Ramón Monchi Machuca, entre otros.

Capítulo cerrado para los defensores

Los abogados Carlos Varela, Adrián Martínez, Jorge Bedouret, Fausto Yrure y Eduardo García Cupé trajinaron toda la jornada los pasillos este miércoles en Tribunales, en derredor de la llegada de sus clientes dispuestos a estampar sus firmas en el acuerdo.

No obstante, Varela desestimó la satisfacción que trasuntaban los rostros de familiares de los procesados en la vereda de Montevideo y Moreno. “Nos vamos con la sensación de que todos perdimos un poco”, dijo el abogado de los Cantero. “Nosotros, en la defensa, estábamos convencidos de que en un juicio imparcial nuestros clientes deberían haber sido absueltos. Y los fiscales también, porque consideraban que podrían haber logrado otra condena”, analizó.

“Esta justicia sigue el clamor popular antes que la ley, quedó demostrado en los juicios orales”, advirtió Varela.

El principal punto de discordia que planteó el fiscal Mariano Ríos (ausente en la firma del acuerdo) es que Guille había sido acusado como actor principal en la ejecución de Demarre, eel 27 de mayo de 2013, en bulevar Seguí y Maipú, y con este acuerdo se reduce una situación procesal suficiente como para haberlo condenado a prisión perpetua.

La situación planteó posiciones enfrentadas entre quienes valoran haber arribado a condenas de prisión efectiva y entre quienes consideran que este acuerdo significa perdonar una grave carga de delitos a esta organización. El crimen de Demarre fue cometido en el marco de una serie de asesinatos por presunta venganza del homicidio de Claudio Pájaro Cantero.

La inminente resolución para enjuiciar a la banda narco en un juicio express levantó polvareda rápidamente, aunque desde el gobierno provincial valoraron que el cierre de la causa sea con una sentencia a prisión.

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