El día martes el Frente para la Victoria logró avanzar con el inicio del “proceso de investigación” para determinar si el juez de la Corte Suprema,  Carlos Fayt, a sus 97 años conserva las “condiciones psicofísicas” necesarias para continuar en su puesto como ministro.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, se reunió el martes por la tarde y el kirchnerismo aprobó con 19 votos a favor y 9 en contra el dictamen, en el que se proponen distintas pruebas, como citaciones a funcionarios de la Corte, abogados y periodistas, y demás personas que tenga una asidua relación con el juez.

Por su parte, la oposición fundamentó su voto negativo por cuestiones reglamentarias, y no perdió la oportunidad para acusar al oficialismo de producir una “tortura psicológica” sobre el juez Fayt, y que de esta forma se avasalla la independencia de la Justicia.

Por último, se pidió la convocatoria del perito calígrafo de la Corte Suprema de Justicia para verificar la firma del juez Fayt durante los últimos tres años.

Margarita Stolbizer, del GEN, dijo a su turno que "se debe rechazar in limine el pedido contra Fayt, puesto que para iniciar un procedimiento de Juicio Político se debe cumplir con lo establecido por la Constitución Nacional que fija como causas: mal desempeño de sus funciones, comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones o comisión de crímenes comunes. Ninguna de estas tres están hoy invocadas contra Fayt, sino solo la discriminación por la edad del magistrado".

Génesis del conflicto

La pelea del gobierno con la Corte se remonta cuando falló en contra de la ley de democratización de la Justicia, y luego por los cupos en el máximo tribunal. Pero el 22 de abril se definió la tercera reelección de Lorenzetti donde se sostiene que el juez Fayt y el resto de los jueces se encontraban “reunidos en el salón de acuerdos del tribunal”, aunque según trascendidos el juez no habría estado presente e incluso la documentación habría sido llevada a su domicilio para que la firmara.