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Funcionarios a juicio por fraude al Estado en compras de gasoil

Dos funcionarios y un empleado de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) fueron imputados por fraude a la administración pública y otros delitos. Los acusados compraron 22.510 litros de gas oil con dinero del presupuesto estatal. El combustible nunca llegó a los campamentos del organismo a cargo del bacheo y reparación de rutas y caminos.

En los próximos días también se imputaría a los playeros de la estación de servicio en la que se hicieron las compras.

El caso llegó a manos del fiscal Rubén Martínez a raíz de una denuncia realizada el pasado 6 de abril en la Fiscalía por Javier Ruíz Díaz, también empleado de Vialidad.

"Estamos ante un claro caso de fraude a través de un ardid que consistía en hacer figurar distintas cargas de combustible para Vialidad, pero que nunca llegaron a los campamentos de esa repartición pública", explicó el fiscal y agregó: "Al combustible se le daba otro uso o destino, pero el pago se hacía con el patrimonio de Vialidad".

Según lo investigado, se detectó que entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de marzo de 2015, hay una diferencia de 22.510 litros de gas oil, que representan un total de 290.379 pesos, que no fue utilizado por la dependencia pública.

El jefe de la Oficina de Combustibles y Lubricantes de la DPV Zona 1 Reconquista fue imputado como co-autor del delito de fraude a la administración pública; falsificación de documento; falsificación ideológica de documento; uso de documento falso o adulterado, todo en concurso real.

Por su parte, el jefe de la Zona 1 Reconquista de la DPV fue imputado como co-autor del delito de fraude a la administración pública; uso de documento falso o adulterado; e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todo en concurso real.

Las identidades de los imputados no fueron reveladas.

Por último, el empleado y delegado sindical quedó acusado por encubrimiento de los delitos ya que el fiscal entendió que conocía las maniobras que se estaban realizando y ayudó a asegurar el producto o provecho del delito. Además, se lo imputó por coacciones contra el padre del empleado de Vialidad que hizo la denuncia.

"Hicimos una cantidad extraordinaria de pruebas. Tenemos 30 testimoniales; allanamos las oficinas de Vialidad;intervenimos los teléfonos durante 60 días; hicimos periciales documentológicas por las firmas; secuestramos imágenes de las cámaras de seguridad de las estaciones de servicio", enumeró el fiscal. 

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