Cada una tiene una historia traumática para contar. Son madres que se animaron a pelear en la esfera pública, que salieron a la calle "para defender a su familia". Norma y Betina emprendieron una desigual cruzada ante la desesperación de no saber cómo contener y asistir a sus hijos, quienes, según cuentan, se convirtieron en "seres desconocidos" por los efectos de la droga. La lucha de Adriana, en tanto, fue por alejar de su barrio a los narcotraficantes que actuaban con total impunidad.  Sus padecimientos, al cabo, son los mismos por los que hoy transitan miles de madres que no saben a dónde acudir para ser escuchadas. Las tres integran la ONG "Madres Solidarias", un espacio que busca "contener y orientar" a aquellas mujeres que piden ayuda a los gritos para rehabilitar a sus hijos.   

 

 

La mujer que destapó la olla

Norma Castaño es la fundadora de Madres Solidarias. Su nombre figuró en letra de molde cuando cayó en desgracia Hugo Tognoli, el ex jefe de la policía santafesina, a quien denunció por conexión con la venta de estupefacientes. Con ayuda de otras madres, desarticuló una compleja trama de complicidades entre narcotraficantes y efectivos de la fuerza de seguridad. Lo que empezó como una simple peregrinación por la recuperación de su hijo adicto, terminó en un escándalo político sin precedente en las fuerzas de seguridad provincial. 

Gabriel, el hijo de Norma, empezó a consumir en la adolescencia. Por aquel entonces, su marido trabajaba en la Dirección de Drogas Peligrosas. La situación familiar hizo que el hombre pidiese el traslado a otra dependencia. Lo primero que hizo Norma fue buscar al soldadito que le vendía la droga a su hijo. Sacó fotos, recopiló pruebas y llevó todo a la Justicia. De ahí en más, según cuenta, vivió una "verdadera pesadilla". Gabriel fue secuestrado y ella amenazada.  "Cada vez que anochecía, me metía en los suburbios para buscarlo. Rezaba para no encontrarlo tirado en algún rincón, muerto", cuenta.

Hoy Gabriel está casado y tiene cuatro hijos. Su caso fue la punta del iceberg que desencadenó en la detención de Tognoli, a quien Norma denunció en 2010. “Él tomaba los datos que le pasábamos y no liquidaba los lugares de ventas que le decíamos, sino que les cobraba cuota", detalló por aquel entonces ante la justicia. "Madres Solidarias" atiende al año a más de mil casos de chicos que luchan contra las drogas.

El sueño de Betina: convertir la mansión de Los Monos en un centro de rehabilitación

 

 

A diferencia de Norma, el hijo de Betina Zubeldía aún sigue consumiendo."Está muy controlado a nivel familiar, pero no me voy a engañar. Sé que todavía consume", admite esta mujer oriunda de Pérez. Su historia es similar a la de Castaño: cuando descubrió que su hijo era adicto, su instinto de madre la llevó a dar una pelea desigual. Detectó los lugares donde le proveían droga y enfrentó cara a cara a los narcotraficantes. Luego, los denunció ante la policía y ante la intendencia. 

Su valentía le costó caro: amenazaron con matarla, quemaron su auto, balearon la casa de sus padres y poco después le arrojaron desde un vehículo una bomba molotov contra el frente de su comercio, una agencia de motos. Lejos de amedrentarse, Betina fortaleció su militancia. Desde hace un tiempo empezó una cruzada para que el gobierno provincial habilite algún lugar físico para contener a los jóvenes que tienen problemas de consumo. 

Su anhelo es lograr la expropiación de la "gigantesca propiedad" perteneciente a Los Monos, ubicada en un camino rural de Pérez. "La banda tenía pensado construir una mansión a todo trapo. Ese terreno tiene que ser recuperado y puesto al servicio de los cientos de jóvenes que necesitan ayuda. Simbólicamente sería algo extraordinario", sostiene.    

Un calvario que dejó profundas huellas y ganas de ayudar

Adriana Abaca es madre de diez hijos. Es ex empleada policial y vive desde hace 17 años en un barrio al oeste de Rosario. El año pasado se acercó a "Madres solidarias" para dar una mano y ayudar desde su particular experiencia. En su caso, la droga no le ganó la pulseada a ninguno de sus hijos. Su pesadilla empezó cuando intentó alejar a un grupo de narcotraficantes que merodeaba su cuadra.     

La mujer se mudó al barrio Cametsa en 1998. Su hija vive en la parte superior de la casa con su yerno y dos nietos, de 2 y 4 años. Abajo se quedó ella con otros cinco hijos y su esposo. En febrero de 2012 denunció por primera vez a quienes vendían droga en la zona. Integrantes de una banda comenzaron a hostigar a los hijos de Adriana porque frecuentaban a un grupo de chicas adolescentes. No querían que las vieran. Tampoco podían ir a jugar a la pelota a la plaza o salir a hacer compras porque los agredían. 

Adriana sintió que se llegaba a un límite cuando un hombre, tío de uno de los integrantes de esa banda, amenazó con un arma de fuego a uno de sus hijos. Aquella fue la primera de la decena de denuncias que hizo ante la Justicia en todo este tiempo. La casa familiar sufrió dos atentados y un intento de usurpación. "Todo lo que me pasó me marcó mucho. De ahí la necesidad de militar para fomentar políticas que puedan revertir este delicado panorama", subraya.