El nuevo sistema de justicia penal cumple un año

Este martes se cumple un año de la entrada en vigencia del nuevo sistema de justicia penal en la provincia. A modo de balance, hay números oficiales: durante 2014 se realizaron nueve juicios orales y públicos, 700 casos finalizaron con condenas en juicios abreviados y 800 causas fueron resueltas a través de salidas alternativas. Se llevaron a cabo 9.000 audiencias y se solicitaron 3.500 órdenes de allanamiento.

“El sistema está funcionando correctamente, y eso es lo fundamental”, evaluó el fiscal general, Julio de Olazábal, titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), organismo encargado de la persecución en el nuevo sistema. “Hay dificultades, como en toda transformación de envergadura, pero ya no hay vuelta atrás: los santafesinos contamos desde hace un año con un servicio de Justicia Penal que se ajusta a la Constitución, que es transparente y ágil, y en el que las víctimas de los delitos tienen un rol preponderante y deben ser escuchadas”, remarcó funcionario judicial.

Por otra parte, Olazábal agregó que “el derecho tiene que ser entendido por todos. Un escrito judicial en el que haya citas en latín o en alemán no sirve si no es comprendido por la víctima. El verdadero cambio es que la ciudadanía pueda entender una sentencia”.

Y anticipó: “El desafío para este año será lograr que el organismo de investigaciones comience a funcionar”. El fiscal general puntualizó que “el organismo de investigaciones tendrá un director civil con asiento en la ciudad de Santa Fe. Además, habrá dos subdirecciones: Ciencias Forenses e Investigaciones Criminales; y cinco direcciones regionales que estarán en cada una de las circunscripciones judiciales de la provincia”, explicó.

Por otra parte, en el proceso de implementación del nuevo sistema procesal penal, la integración de los recursos humanos sigue siendo uno de los objetivos fundamentales del MPA. “A fines del año pasado juró el Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción Número (Venado Tuerto), y de esta manera quedaron cubiertos los cinco cargos de fiscales regionales. Sin embargo, las leyes crearon 662 cargos para que el MPA pudiera funcionar, y hasta el momento sólo contamos con 329. Es decir, se cubrieron 5 de cada 10 cargos creados legalmente”, precisó el titular del MPA.

“Durante el primer año, ya se realizaron y finalizaron nueve juicios orales y públicos, lo que significó una novedad absoluta para Santa Fe, que venía de una tradición penal en la que todo el proceso era escrito y en la que el juez de instrucción cumplía con dos funciones incompatibles: acusar y juzgar”, detalló Olazábal. “Además, los nueve juicios se llevaron a cabo a no más de 10 meses de haberse cometido los delitos que fueron juzgados, celeridad inusitada para un sistema como el anterior”, subrayó y amplió: “También se hicieron 105 audiencias preliminares, lo cual indica que ya están en condiciones de llevarse adelante esa cantidad de juicios orales y públicos”.

También se refirió a los denominados juicios abreviados y sostuvo que “la posibilidad de realizarlos es otra de las ventajas del nuevo sistema procesal penal. En ellos, la víctima y el victimario llegan a un acuerdo y en pocos días se resuelve el caso. En virtud de ello, durante 2014 se lograron 700 condenas en este tipo de procesos. Por otra parte –informó–, más de 800 causas fueron resueltas a través de las denominadas medidas alternativas: conciliación, mediación penal, criterios de oportunidad o suspensión de juicio a prueba”, informó.

“De las tareas cotidianas realizadas por los fiscales también surge que se hicieron 9.000 audiencias y fueron solicitadas 3.500 órdenes de allanamiento”, enumeró y concluyó: “Si bien no podemos cuantificar la atención a las víctimas, sí estamos en condiciones de afirmar que hemos logrado escuchar a todas las personas que se acercaron a las fiscalías regionales o a los fiscales, jerarquizando así su derecho a la palabra”.

Las claves

El nuevo sistema de Justicia Penal implicó modificaciones en el modo de trabajar de autoridades judiciales y de todos los operadores jurídicos. En ese marco se creó el MPA, que está a cargo del Fiscal General, Olazábal.

Entre sus funciones principales, el MPA define cómo perseguir penalmente los delitos en toda la provincia procurando la resolución pacífica de los conflictos penales. También dirige la investigación de los delitos de acción pública y ejercerá la acción penal ante los tribunales. Además, tiene a su cargo al Órgano de Investigación y a cualquier organismo de seguridad que investigue los delitos.

A partir del cambio de la Justicia Penal santafesina, todo el proceso dejó de ser escrito y comenzó a ser oral. De esta manera, se aceleraron los tiempos en los que se resuelven los casos. Además, se dotó de transparencia al sistema y se generó proximidad entre las partes intervinientes, los jueces y funcionarios judiciales.

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