En el estado mexicano de Guerrero -donde en setiembre pasado se produjo la desaparición de 43 estudiantes- han sido secuestradas “entre 10 y 15 personas” más, según reveló Juan Zúñiga Méndez, representante de la compañía minera Media Luna, en declaración difundidas este domingo por la agencia Telam. En tanto, el Equipo Argentino de Antropología Forense expresó graves cuestionamientos a la fiscalía mexicana que investiga el caso de los 43 normalistas desaparecidos.

El vocero de la empresa minera se basó en información que le suministró un policía comunitario de la zona donde está emplazada la mina. "Fueron secuestrados pobladores de la comunidad Nuevo Balsas, de la comunidad Real del Limón y empleados de la minera; se habla de entre 10 y 15 personas", dijo Zúñiga.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial guerrerense, Fernando Meléndez, reclamó a las autoridades el rápido esclarecimiento del caso y advirtió el riesgo de que "esta inversión (la minera Media Luna) se vaya de Guerrero si no hay una disposición política" para garantizar seguridad.

El 26 de septiembre pasado, policías municipales de Iguala atacaron a un grupo de alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa y a otro de futbolistas juveniles, dejando seis muertos y 25 heridos.

Además, secuestraron a 43 estudiantes y los entregaron a miembros de la organización criminal Guerreros Unidos. Según confesaron algunos de éstos, los muchachos fueron llevados a la vecina Cocula, donde, con ayuda de policías locales, fueron asesinados y sus cuerpos calcinados.

Hasta ahora, sólo fueron identificados genéticamente los restos de una de las 43 víctimas.

Crítica de forenses argentinos

Por otra parte, el Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) afirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) de México cometió "inconsistencias" e "irregularidades" en la investigación del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En un informe difundido este domingo, titulado "Documento inicial sobre investigaciones en el basurero de Cocula y Río San Juan", sostiene el Eaaf que la PGR incurrió en al menos siete "irregularidades". Entre ellas, mencionaron la entrega de 20 perfiles genéticos de supuestos restos de los estudiantes a expertos independientes "con problemas que no permiten su utilización". También objetaron "el abandono de la custodia" del basural de Cocula, el municipio en el que se sospecha que los estudiantes fueron asesinados, y sus restos calcinados, tras haber sido secuestrados en la vecina Iguala.

Además, el EAAF señaló que "aún no tiene evidencia científica para establecer que en el basurero de Cocula existan restos humanos que correspondan a los normalistas". De ese modo, agrega la nota, "no existen elementos científicos suficientes por el momento para vincular los restos hallados en el basurero con aquellos recuperados, según la PGR, en el río San Juan".

El 27 de enero pasado, el titular de la PGR, Jesús Murillo, afirmó en conferencia de prensa que había suficientes pruebas científicas para concluir que los estudiantes fueron asesinados e incinerados por miembros de la organización criminal Guerreros Unidos en un basural de Cocula y sus cenizas esparcidas en el río San Juan.