Choque de opiniones sobre el rescate de los jóvenes

La contención y recuperación de los jóvenes adictos a las drogas no aparece en la agenda proselitista cuando se habla del narcotráfico, denuncian familiares y especialistas. La Municipalidad defiende sus políticas públicas. Familiares de adictos y académicos denuncian "desidia estatal". 

La problemática atraviesa el flagelo de raíz. Sin embargo, poco y nada se habla. Ni en los discursos políticos ni en los medios de comunicación. Está oculto e invisible en el debate que gira en torno al narcotráfico y su penetración en la esfera social. Lo concreto es que el exponencial crecimiento del consumo de drogas desnudó las graves falencias que tiene hoy el Estado para contener y recuperar a los adictos, según la denuncia de familiares, militantes sociales y académicos. Señalan que en Rosario los tratamientos están en manos de clínicas privadas y que no existe una política seria y planificada para sacar a los jóvenes de la droga. Para el municipio, en cambio, la ciudad está a "la vanguardia" en lo que respecta a salud mental.

El Congreso de la Nación sancionó en 2010 la Ley de Salud Mental, una normativa que brindó un nuevo marco técnico y teórico para abordar la problemáticas del consumo abusivo de estupefacientes. Una de las legisladoras que impulsó y trabajó en la redacción de la normativa fue Mónica Fein, quien en aquellos años ocupaba una banca por el Frente Progresista Cívico y Social, hoy intendenta de la ciudad. La ley se reglamentó tres años más tarde, en mayo de 2013.

Según Leonardo Caruana, secretario de Salud municipal, la nueva ley brindó "un marco legal" para afianzar políticas públicas que en Rosario ya se venían llevando a cabo. "Estamos trabajando desde hace unos años en el alojamiento de las crisis de los adictos en los hospitales generales. Realizamos un fuerte trabajo de capacitación por un problema que hace diez años atrás era menos frecuente. Hoy, los propios equipos de las guardias atienden estos casos", explicó el funcionario en diálogo con Rosarioplus.com, quien subrayó que "Rosario es pionera en este tipo de políticas públicas".

En su relato, detalló que no "existen lugares específicos de internación que rehabiliten a los chicos por fuera del sistema de salud" y que una vez que el paciente deja la guardia del hospital, el municipio "financia becas" con clínicas y ONG´s que trabajan en la problemática. 

Leonardo Caruana.

Auge de las clínicas privadas

Los dichos de Caruana no condicen en nada con el desolador panorama que brinda Candela Sialle, doctora en Ciencias Políticas de la UNR y especialista en el campo de la salud mental. Esta catedrática sostiene que a nivel provincial la gestión socialista realizó un "desmadre público" en torno al fenómeno del uso y abuso de sustancias tóxicas. 

Denuncia que en el 2008, al asumir como gobernador, Hermes Binner decidió cerrar las Casas del Sol, los únicos dispositivos públicos para el abordaje integral de la problemática, en donde se alojaban todos aquellos adictos carentes de cobertura médica.

No conforme con eso, el Poder Ejecutivo sacó al tema de las adicciones de la órbita de la salud pública y la trasladó a la agenda de promoción comunitaria, una repartición con "muchos menos recursos", según señala Sialle. "Es cierto que las Casas del Sol tenían dificultades. Pero en lugar de proponer algo alternativo, trasladaron el problema al campo privado. El Estado se retiró y dejó todo en manos de los privados", argumentó.

Según su denuncia, en los últimos ocho años se multiplicaron en Rosario las clínicas y centros médicos privados vinculados con el abordaje clínico y psicológico de la ingesta tóxica. "Las clínicas empezaron a laburar a full. En 2013, por ejemplo, el 90% de las clínicas reconocía que entre un 40 y 70% de los pacientes estaban ahí por adicción a las drogas. El principal problema son los chicos sin cobertura, aquellos que no tienen dinero para estos tratamientos que cuestan miles y miles de pesos".

Candela Sialle

Sialle afirma que la gestión provincial "ocultó el fenómeno" al no registrar en ninguna instancia del sistema de salud --sea de atención primaria u hospitalaria, sea en efectores monovalentes o polivalentes-- aquellos casos asociados parcial o totalmente con el consumo de drogas. "Bajo el argumento de proteger la intimidad de los adictos,  se decidió ocultar la información y no dar cuenta de los casos.  Hoy ni el estado provincial ni el municipal tienen estadísticas en esta materia", subraya.

Betina Zubeldía, integrante de la ONG "Madres solidarias", un espacio que creó un grupo de mujeres con hijos adictos a las drogas, respalda la descripción que hace Sialle. Su traumática experiencia con uno de sus hijos hizo que empezara a militar para que el Estado se haga cargo de la rehabilitación de estos jóvenes. "Aún sigue consumiendo. No ha sido fácil contenerlo. No existe un espacio público ni una política estatal en este sentido. Lo del socialismo es todo marketing, no existe contención alguna", se quejó.

Entre sus denuncias, figuran las serias irregularidades que ocurren en el Hospital Neuropsiquiátrico Agudo Ávila, el centro regional de Salud Mental con sede en Rosario. "Allí hay muchos chicos pobres con problemas de adicción, hay sólo siete camas, no hay un comedor y los chicos comen en sus rodillas. Tampoco hay toxicólogos y la droga pasa como nada. Ese es el ejemplo más fiel de lo que pasa en Rosario y en Santa Fe", concluyó. 

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