De las 1500 causas que quedaron bajo el fuego el domingo pasado en el atentado en la Fiscalía de San Javier, muchas de ellas investigaban hechos de peso como de reducción a la servidumbre y narcotráfico donde había implicado policías. Fuentes judiciales lo interpretan como una acción premeditada para ocultar un hecho puntual o de intimidación a la fiscal interviniente.

El titular del Ministerio Público de la Acusación, Julio De Olazábal, explicó que debido a la ubicación geográfica de la zona, se dan “algunos casos de reducción a servidumbre”, aunque la fiscal del lugar de Rosana Marcolín descartó “turismo sexual” tal como se señaló. 

Sin embargo, se han investigado causas donde hubo policías involucrados, sobre todo de otras localidades linderas, por lo que se interpreta que o bien se está tratando de ocultar algún hecho en particular, o bien se está tratando de intimidar a la fiscal. Justamente Marcolín se inclinó por la primera opción: “Es obvio que hay una maniobra para encubrir una causa penal y destruir evidencias".

El atentado

Durante el domingo, el o los individuos cortaron rejas de la Fiscalía de San Javier (a 150 kilómetros al norte de Santa Fe), ingresaron al despacho de la fiscal y se llevaron el disco rígido previo a desatar el incendio a los documentos y otras computadoras. También robaron armas que estaban incautadas, aunque el mismo titular del Ministerio de la Acusación cree que fue para despitar. La casona donde funcionaba la fiscalía no contaba con ningún tipo de seguridad: ni personal, alarma o cámaras.