Por segunda vez en cuatro meses, la Comisión Directiva de Newell’s fue intimada a presentar documentación contable y exponer dicha información ante los socios en asamblea. La Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) ratificó el fallo del 24 de octubre que dio por “inexistente” la asamblea del último 11 de octubre por dos razones fundamentales: la violencia contra los socios opositores y “la no exhibición de los estados contables”.

Los directivos pretenden apelar para llegar a Fiscalía de Estado y luego a la Justicia, pero los concluyentes fundamentos de IGPJ dejan con escaso margen a las autoridades del club para evadir la responsabilidad de “dar información correcta a los socios”. 

Papel picado

Los dirigentes de Newell’s quieren administrar un club con Presupuesto y Memoria y Balance de dos años atrás. Para actualizar sus registros contables deben convocar a los socios en asamblea y el escándalo de la reunión del último 11 de octubre, con agresión física a los opositores, ameritó la intervención del organismo de contralor de las entidades sin fines de lucro. IGPJ aplazó a Newell’s a que en 20 días entregue “todos los libros y documental contable respaldatoria” y a fin de mes convoque a asamblea de socios para considerar, entre otros puntos, la Memoria y Balance con fecha de cierre 30 de junio de 2017.

Los socios acudieron a Personas Jurídicas una vez que los directivos no convocaron el año pasado a asamblea en los plazos que fija el estatuto. Por entonces, los directivos se excusaron con argumentos técnicos: “Se postergo la asamblea de septiembre para octubre debido al cambio del sistema contable del club”.

Por intervención de IGPJ los directivos se reunieron con los socios y de dicha reunión surgió “la falta de confección de los estados contables, memoria, informes trimestrales, falta de entrega de comprobantes de movimientos de tesorería a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (la cual ya no tiene representación de la oposición)”.

Los directivos pidieron más días para reunir la documentación de la institución pero a la reunión siguiente los veedores de Personas Jurídicas fueron testigos junto a los socios de las irresponsabilidades de las autoridades de Newell’s: “No se hizo exhibición de los estados contables”, según constató IGPJ.

Una semana antes de la asamblea del 11 de octubre la dirigencia que preside Eduardo Bermúdez presentó documentación que tuvo abstención de opinión de la Comisión Fiscalizadora y del auditor externo, quien expresó que “los estados contables presentan graves inconsistencias”. Para IGPJ el informe de la Comisión Fiscalizadora “resulta esencial para que los asociados los consideren y más aún cuando hay un informe de auditor externo también con abstención”.

La asamblea fallida y violenta

El 11 de octubre se convocó a asamblea a pesar de que los socios no tenían acceso a la documentación a tratar en la orden del día correspondiente a la Memoria y Balance 2016/2017. Es por eso que los veedores de IGPJ propusieron un cuarto intermedio para que los dirigentes puedan presentar los papeles de trabajo del balance conforme a derecho. Pero las autoridades del club desistieron con la propuesta e intentaron aprobar la Memoria y Balance. Fue allí, cuando los socios opositores reclamaron por participación, los mismos fueron agredidos por golpes de puños y sillazos ante la mirada de más de diez veedores de Personas Jurídicas.

En la resolución de Gustavo Luzzini, a cargo de IGPJ, sus consideraciones son concluyentes: “Al no pasarse a un cuarto intermedio a los fines de subsanar los vicios existentes en cuanto a la celebración del acto los mismos afectaban de invalidez el mismo”.

“Nos encontraríamos ante un acto inexistente, es decir una no asamblea (…) Motivo por lo cual considero que no existió como tal”, afirma Luzzini en su resolución. Y añade: “Por si alguna duda quedaba que este supuesto acto se encontraba viciado, también los hechos sucedidos siguieron afectando aún más la situación. No se trató el primer punto de la orden del día, no se pudo determinar quién fue elegido autoridad de la asamblea, puesto que no se pudo determinar moción ganadora, y al no determinarse la autoridad afecta la validez de todas las proclamaciones posteriores (…).

“Un acto viciado de todo tipo de vicios que afectan la constitución de la asamblea, declaración de voluntad de la asamblea, violación a las normas legales y estatutarias, vicios en la votación, vicios que afectan intrínsecamente su forma y vicios en el contenido de las decisiones, lo que haría pasible en su caso de nulidad absoluta y que en los presenten genera la invalidez e ineficacia del acto”.

Ante las agresiones a los socios opositores, los veedores tomaron nota: “Ocurren hecho de violencia que no pueden ser contenidos por el operativo de seguridad, situación que se volvió incontrolable existiendo fuertes insultos, revoleo de sillas y golpes. El disturbio duró unos minutos provocando salida e ingreso de gran número de personas sin control de ningún tipo”.

El pasado martes IGPJ ratificó el fallo firmado el 24 de octubre último ante una revocatoria que solicitaron los abogados del club. Ahora Bermúdez pretende apelar para llevar el litigio a Fiscalía de Estado. Esa estrategia tiene como fin luego ir a la Justicia ordinaria para sí ganar tiempo y no realizar la asamblea. En este caso la discusión se volvería “abstracta” puesto que en septiembre de deberá tratar el Balance que vence el próximo mes de junio.

Bermúdez y Cía no quieren exponerse a la reprobación de los socios ni dar explicaciones de por qué el club aumentó considerablemente su déficit a pesar de que se desprendió de sus mejores jugadores. Pero el efecto “devolutivo” (se debe acatar mientras se tramiten otras instancias de apelación) del fallo de Luzzini recorta las maniobras disuasivas de los directivos y acerca a los socios a la documentación de la institución. Porque el club a más tarde el 26 del corriente debe tener disponible todos sus estados contables con su consecuente documentación respaldatoria y el 28 deberá poner fecha para asamblea en marzo.