Unas 12 hectáreas ubicadas en avenida Sorrento, entre Cullen y el arroyo Ludueña, en la zona norte de Rosario, continúan en conflicto por más que la justicia haya dejado firme la sentencia que obliga a desalojar a unas 3000 personas que ocupan el lugar. Los dueños buscan que la provincia expropie el predio, pero el gobierno ya anunció que no lo hará y, de hecho, denunció que los dueños quieren hacer negocio.  

El origen del conflicto se remonta a la década del 80 cuando comenzó a usurparse el terreno. La empresa Compañía Santafesina de Tierras, dueña del predio, litigó al respecto y buscó el desalojo, algo que la justicia determinó mucho tiempo después. Incluso, acercó a las partes con la provincia de Santa Fe y la municipalidad para buscar una salida controlada respecto a las familias que viven allí.

“Nos pidieron alguna solución y propusimos salidas que ya se habían practicado. Como el acuerdo entre el dueño de un terreno que le cobró a los ocupantes en cuotas, algo controlado por el Estado y el gobierno municipal ofreció servicios”, explicó a Sí 98.9 el secretario de Hábitat provincial, Gustavo Leone.

Sin embargo, este esquema no lo aceptan desde Compañía santafesina de Tierras. “No lo aceptaron los dueños, quieren que el Estado le compre el terreno y se lo expropie. Este es un problema entre particulares, el Estado no lo comprará”, explicó Leone.

La solución más práctica que ven los dueños es la intervención del Estado, pero desde la provincia entienden que subyacen otras intenciones. “Detrás hay un estudio jurídico que se dedica a esto. Viven de la usurpación del suelo y de los acuerdos con la expropiación del Estado, tratan de presionar esta salida. El Estado no lo comprará”, anticipó el funcinoario.

Es por ello que insiste en que la solución se debe dar entre las partes mediante un acuerdo. “Es poco probable que opere el proceso de desalojo, la jueza ni siquiera se imagina lo que implica un desalojo con esa cantidad de familias. Es mejor una solución acordando entre las partes, podemos ayudar pero debe haber voluntad de ambos. Hay experiencias con regulación especial por parte del Concejo municipal”, finalizó.  

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