En el marco de su trabajo con muchas causas de violencia de género, la fiscal penal de Cañada de Gómez Gabriela Lescano batalla desde hace dos años contra agravios, difamaciones y denuncias por parte de dos abogados de un mismo estudio del Departamento de Iriondo.

Es por esto que Lescano elevó una denuncia a los letrados, y este lunes a las 10 de la mañana prestará declaración de su situación, y el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados resolverá en una audiencia la situación laboral de los dos letrados, en su oficina del Tribunal Provincial de Rosario.

En ese marco, en la esquina de Balcarce y Pellegrini habrá una concentración de profesionales del Derecho que trabajan con causas de género, y representantes de la Asociación de Fiscales de Rosario, quienes le manifestaron su apoyo ya que son varios quienes perciben este tipo de hostigamiento en causas llevadas adelante en torno a cuestiones de género, y los denunciados según se pudo conocer “ya hostigaron a otros ocho profesionales entre fiscales y jueces y juezas, médicos legistas y psicólogos penales”.

La fiscal penal del MPA de Cañada de Gómez relató a Rosarioplus.com que “las amenazas comenzaron hace dos años cuando logré que se detuviera a un hombre que es su defendido, y en el medio de esa audiencia uno de los abogados me dijo ‘a partir de ahora considéreme su enemigo’”.

Su defendido permanece libre ahora, pero fue imputado primero por haber lanzado a su pareja desde un sexto piso, y ella resultó viva de milagro, y luego por amenazar a su vecino con un hacha. A esto resta agregar que “ese defendido trabaja como custodio de estos abogados”, de quienes se preserva el nombre por temor a mayores represalias.

Por la amenaza primigenia a Lescano, el propio Instituto Nacional de las Mujeres resolvió que se trataba de un acto de violencia laboral, pero lejos de quedar en la anécdota, fue el comienzo de la historia.

“Me difaman por medios y por las redes, presentan escritos ofensivos en cada legajo que trabajo ante la Oficina de Gestión Judicial, hasta me hicieron decenas de denuncias en la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación, y una demanda por haber supuestamente afectado su buen nombre ante el juzgado civil de Cañada, es inaudito hasta dónde llegaron”, describió el calvario.

Gabriela Lescano es una fiscal que trabaja con perspectiva de género desde hace mucho tiempo, y ejerce en la función pública judicial desde hace 32 años. “Fui una de las primeras mujeres en ingresar en el sistema judicial, y hasta ahora siempre trabajé con colegas con mucho respeto, en Cañada, en el MPA de Rosario y cuando estuve en Buenos Aires”, precisó.

Según estimó, no se trata de hostigarla sólo a ella por la primera causa, sino a todo funcionario judicial que atienda causas penales de género, muchas mujeres, pero también hombres, y por el amedrentamiento consiguen que se bajen las penas a sus defendidos.

“Buscaron aliados y los tienen en el MPA y en la política, y aunque tienen poder, no van a amedrentar mi función. Yo tengo claro que no son mis enemigos (como ellos dijeron), sino que investigo causas, en las que terminan siendo más violentos que sus defendidos”, aseguró.

Lescano consideró importante que ante la audiencia de este lunes en el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados se hicieran presentes todos los trabajadores judiciales que reciban hostigamientos, que en muchos casos se encuadran en violencia de género, y que obstruyen la labor pública.

“Es más usual de lo que se cree que quienes trabajamos con perspectiva de género seamos descalificadas, y hacer esta denuncia es para mí decir ‘no’ al silencio que genera la embestida de violentos que buscan influir en resultados judiciales, y las víctimas no merecen esa re-victimización”, consignó, y aclaró: “Si bien los hostigadores de las varias causas que yo llevo son siempre los mismos, sé que existen otros. Y con este avance van a pensar dos veces antes de amenazar. Son defensores patriarcales, sean privados u oficiales”.