El Gobierno chileno reiteró su postura en contra del aborto durante la segunda jornada de discusión en comisión de un proyecto de ley para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, que se espera sea votado en tres meses.

"Nuestro Gobierno no contempla impulsar o respaldar un proyecto de esta naturaleza", dijo la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, anoche ante la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile.

"El Gobierno del presidente Sebastián Piñera va a proteger la vida siempre desde la concepción", prosiguió.

"Esa posición y su fundamento han sido expuestos en reiteradas ocasiones a toda la ciudadanía con total transparencia y, por cierto, con anterioridad a las elecciones presidenciales. Y ha sido también una posición invariable durante el tiempo", añadió.

La actual Constitución, que rige desde 1980, impide que los parlamentarios puedan presentar proyectos de ley que incurran en gasto fiscal, como la legalización del aborto, siendo prerrogativa exclusiva del Presidente de la República.

Por ello, el proyecto que se está discutiendo contempla sólo modificar el Código Penal para permitir que las mujeres puedan practicarse un aborto dentro de las primeras 14 semanas de gestación.

En Chile rige una ley de aborto aprobada y promulgada en 2017, durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), que permite la interrupción voluntaria del embarazo solamente por tres causales: el riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto o violación.

"Toda mujer que concurra a un centro de salud a realizarse un aborto bajo esas causales, será atendida oportunamente de acuerdo con los protocolos que resguardan su confidencialidad, su dignidad y la protección de su salud", advirtió Zalaquett.

En relación a este punto, la presidenta de la comisión, la diputada Maite Orsini, dijo que desde la entrada en vigencia de la ley de 2017, se han practicado 1.813 abortos en el país, de los cuales 572 han sido por riesgo de vida de la madre, 874 por inviabilidad del feto y 367 por violación.

En la discusión participaron representantes de diferentes organismos, como la abogada y profesora de la Universidad Austral, Yanira Zúñiga, que afirmó que dentro de los estándares internacionales sobre derechos procreativos, "se busca su protección para no llegar a la criminalización".

En el derecho comparado "proteger la vida no va de la mano con criminalizar la acción de la mujer", agregó.

Por su parte, la abogada de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) Bárbara Sepúlveda indicó que entre los años 2007 y 2018 el total de imputados por delitos de abortos llegó a las 2.047.

En cuanto a si el embrión, cigoto o feto, tendría derechos humanos por ser persona, Sepúlveda recordó la sentencia de la ley de aborto en tres causales, que lo establece como un "bien jurídico especialmente protegido", en el cual se fija que la mujer es la persona, siendo ella la titular de derecho.

Incluso, durante la discusión, Orisini, del partido de centroizquierda Revolución Democrática (RD), solicitó a sus pares que no se refieran al feto como "niño o niña" en lugar de cigoto, lo que generó críticas de parte del diputado oficialista Diego Schalper.

"¿Habrá visto alguna vez una ecografía? ¿En qué mundo vive? No le vamos a aceptar su censura ideológica, porque los que hemos sido padres/madres no decíamos 'mira, ahí está el cigoto que será mi hijo', sino que desde muy temprano decimos al ver ecografía 'mira, ahí está mi hijo/a`", escribió el parlamentario en Twitter.

La Comisión de Mujeres y Equidad de Género retomará la tramitación de esta iniciativa el miércoles 3 de marzo y tiene previsto terminar con las audiencias el próximo 21 de abril, para pasar luego a la votación en general.

Según una encuesta realizada a comienzos de enero por la consultora Plaza Pública Cadem, un 56% de los chilenos está de acuerdo con el aborto legal, pero sólo en algunas circunstancias, mientras sólo un 27% apoya la interrupción del embarazo "bajo cualquier motivo".