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Violencia de género: 4 de cada 10 hombres incumplen medidas de restricción

Polémico proyecto sobre violencia de género

Cuatro de cada diez hombres denunciados por violencia de género incumplieron las medidas de protección de las víctimas impuestas por la Justicia y una de cada tres mujeres denunció nuevos episodios violentos, reportó este martes la Defensoría General de la Nación. Según el Informe anual de los servicios de atención de la Defensoría, el 42 por ciento de los agresores incumplió esas órdenes mientras que el año anterior fue el 34 por ciento.

El incremento se debió principalmente a dos factores: la "impunidad frente al incumplimiento" y la ausencia de una "solución de fondo" que supere las medidas cautelares y provisorias, dijo Raquel Asensio, coordinadora de la comisión de temáticas de Género de la Defensoría. 

Dictadas por un juez en cualquier momento del proceso, las principales medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia de género son la prohibición de acercamiento y de contacto del agresor, la exclusión del hogar del agresor o reintegro de la mujer al hogar si se había retirado y medidas vinculadas a procesos de familia -fijación de cuota alimentaria provisoria, suspensión provisoria del régimen de visitas, protección de bienes gananciales, entre otras-.

"Las medidas de protección tienen por objetivo neutralizar el riesgo, pero no suele haber consecuencias por su incumplimiento. El juzgado que las dispuso podría imponer sanciones y también podría iniciar investigaciones penales para determinar si hubo delito de desobediencia", continuó Asensio.

Los servicios que operan en la Ciudad de Buenos Aires recibieron 2.656 consultas por violencia de género y otorgaron patrocinio jurídico gratuito en 849 casos para obtener medidas de protección. Sin embargo, sólo en el 17 por ciento de los expedientes en los que se denunció la infracción se constató que se aplicaron sanciones a los denunciados.

"La denuncia debe servir para hacer cesar la violencia, pero el proceso judicial no tiene herramientas para dar una respuesta útil y eficaz porque es de tipo cautelar, en el que la denunciante debe pedir prórrogas de las medidas de protección cada tres meses. No está prevista una solución de fondo en nuestra legislación", consideró Asensio. 

El informe anual de los servicios de asesoramiento y patrocinio gratuitos a víctimas, que dependen de la Defensoría, registró también que "durante 2016 se intensificaron las situaciones de violencia de género". 

"No encontramos diferencias significativas en la cantidad de casos pero sí hubo un mayor número de situaciones más complejas, como denuncias de violencia sexual o violencia directa contra los hijos. Faltan herramientas para proteger a las denunciantes de manera eficaz", advirtió la especialista. 
Por otra parte, la denuncia de nuevos hechos de violencia luego de la intervención judicial aumentó al 32 por ciento, mientras que en 2015 esa cifra había sido del 24 por ciento. 

Además, en dos tercios de los casos la notificación de la medida de protección quedó a cargo de la denunciante, "lo que burocratiza innecesariamente el trámite y pone en cabeza de las víctimas las gestiones para que las órdenes judiciales sean efectivas", indicó.

"Si la denunciante, además de concurrir al juzgado civil para pedir protección y al juzgado penal para que se investigue la responsabilidad del agresor, debe notificar la medida en la comisaría, se la carga con una responsabilidad que es del Estado y se la obliga a dedicar su tiempo a recorrer distintas oficinas para hacer efectivo su derecho a una vida sin violencia", apuntó Asensio.

Las agresiones registran alta frecuencia e intensidad: en ocho de cada 10 casos, denunciaron situaciones de violencia por períodos mayor al año (84 por ciento), con una frecuencia diaria o semanal (79 por ciento).

Nueve de cada 10 mujeres asistidas denunciaron a sus parejas o ex parejas, y ocho de cada 10 declararon tener hijos o hijas en común con su agresor.

La mayor parte de las denunciantes cuenta con recursos económicos propios: el 75 por ciento manifestó que recibe apoyo familiar o de su entorno, y el 69 por ciento es el principal sostén de su hogar.

"Depender económicamente del agresor" es un obstáculo en la decisión de radicar una denuncia -dice Asensio-, por lo cual el Estado debe proveer herramientas para el "autovalimiento" de las mujeres, como inserción laboral o créditos para emprendimientos. 

En los casos en los que se fijaron alimentos provisorios, sólo tres de cada 10 los recibieron sin patrocinio letrado, mientras que el 70 por ciento restante los obtuvo con acompañamiento profesional.

Respecto al tercio de las asistidas que ya había interpuesto alguna denuncia por hechos de violencia anterioemente, la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría concluyó: "demuestra la necesidad de repensar los mecanismos actuales de protección y evaluar modelos superadores, que logren brindar respuestas más eficientes y de fondo a la situación de las mujeres que buscan medidas de protección".

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