Unánime freno en Diputados al remate de viviendas únicas

La Cámara Baja provincial aprobó una ley que frena los remates de vivienda única por seis meses en toda la provincia de Santa Fe, a modo de prórroga. Ahora buscan crear una nueva ley que proteja del todo las viviendas únicas de futuros remates

El coordinador del Consejo Asesor de la Vivienda de la Concejalía Popular, Ariel D’orazio, destacó que esta nueva ley aprobada, que se basa en prorrogar los plazos de la Ley de Procedimientos Especiales, permite hacer un recálculo de las deudas y hacer un convenio judicial de pago de las familias con los acreedores, y de esta manera “frenar especulaciones inmobiliarias con gente que tiene deudas legítimas y con intención de pagarlas”.

D’Orazio destacó el acompañamiento unánime que tuvo esta nueva ley, ya que “fue apoyada por diputados de todas las facciones como Eduardo Toniolli, Maximiliano Pullaro, el presidente de la Cámara Luis Rubeo, y hasta de diputados que aún no asumieron como el vicegobernador Jorge Henn, Carlos Del Frade y Roy López Molina”.

En concreto, gracias a la aprobación de esta ley, 500 familias que tenían orden de remate antes de fin de año “podrán brindar tranquilos en sus viviendas”, detalló el coordinador del Consejo de la Vivienda de Concejalía Popular. Y adelantó que la propuesta va más allá, porque se encuentra trabajando en un proyecto de ley de fondo, “que permita proteger la vivienda única en toda la provincia como inembargable e inejecutable, ya que hay otras cinco mil viviendas con problemas en toda la provincia".

Es que esta nueva ley aprobada el pasado jueves en la Cámara de Diputados provincial frena las subastas, pero “también frena los procesos judiciales de vivienda única, y establece un recálculo de la deuda, donde el acreedor y el deudor acercan sus documentos, y el juez determina un monto fijo que se puede pagar en un plan de pagos”.

Este plan de pagos se realizará en base a los ingresos fijos del hogar del deudor, por lo que no comprometerá más del 25 por ciento de los ingresos de un trabajador activo, así como un 20 por ciento del ingreso de los jubilados.

D’Orazio analizó los intereses que se otorgan a los deudores como “ilegales y usureros, y esta ley no los permite”, y recordó que existen antecedentes del proyecto de una ley que proteja las viviendas únicas, “con jurisprudencia de casos en Mendoza”, y leyes como la brasilera, que tiene una política protectora de los hogares así como de la producción.

Finalizó que “esta ley debería avanzar para dejar el mecanismo como permanente, y no con fecha de caducidad como lo aprobado, que al menos es un avance, ya que se busca pagar lo justo, como derecho humano universal, tanto de acuerdo a la Constitución Nacional como a los acuerdos internacionales a los que el país suscribió”.

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