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Un general chileno reveló que militares han vendido armas a narcotraficantes

Santiago de Chile. El comandante en jefe del Ejército de Chile, el general Ricardo Martínez, reconoció en una grabación difundida por una revista chilena,que oficiales de la institución habrían vendido armas a grupos narcotraficantes. En el audio, registrado en un discurso frente a 900 oficiales del ejército, Martínez decía que manejan “información de que hay oficiales y cuadros permanentes que compran armas por la vía legal, que después las dan por perdidas, pero que lo que están haciendo es venderlas a grupos de narcos, de delincuentes”.

Según la información publicada por la revista The Clinic, Martínez habría dicho que otras instituciones, sin especificar cuáles, estarían envueltas en situaciones similares, pero “lo que pasa es que estamos siendo investigados nosotros”. Tras filtrarse el audio con sus declaraciones, Martínez aseguró al diario El Mercurio que la situación ya fue denunciada ante la fiscalía militar en octubre y es investigada, y añadió que, pese a lo que dijo en la grabación, ningún oficial estaría implicado sino que “el caso de corrupción involucra sólo a suboficiales”.

El comandante en jefe del ejército añadió que “están siendo investigados cinco suboficiales”, y “uno de los involucrados ya fue dado de baja”.

Según informa el diario La Tercera, tras la publicación de la grabación el Ministerio de Defensa ha pedido a Martínez un informe por escrito de sus dichos, para este mismo viernes. En el ámbito político, la reacción a estos dichos del general Martínez ha sido de rechazo en todo el arco partidario, a derecha e izquierda.

Alejandro Guillier, senador y ex candidato presidencial por el centroizquierda, dijo que la declaración es “brutal”, y añadió que “la gravedad de la corrupción en el Ejército nos obliga a restablecer ya el control civil sobre las Fuerzas Armadas”. Por su parte, el diputado de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI) Osvaldo Urrutia dijo que Martínez “debe hacerse responsable de sus dichos y entregar los antecedentes a la Justicia o a la Contraloría”.

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