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Suman voces para bajar el plazo de detención sin control del juez

El Servicio Público Provincial de Defensa Penal presentó a tres "Amicus curiae" (amigos del Tribunal) en su pedido de inscontitucionalidad, ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, de la extensión a 72 horas del plazo máximo de detención sin control directo por parte del juez, establecido en la ley 13.746 que se sancionó en diciembre pasado.

De esta forma, el Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS-, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales -INECIP- y la Asociación Pensamiento Penal -APP-, tres instituciones de jerarquía en el ámbito del Derecho Penal; se presentaron como amicus curiae para dar una opinión experta en derecho que no tiene como fin intentar favorecer a una de las partes en litigio, sino la aplicación justa y razonada de las leyes vigentes.

En este sentido, los organismos expresaron que este tipo de situaciones restringen la libertad personal sin ningún tipo de justificativo, en contra de los estándares constitucionales y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

"Con la ley 13.746, la garantía del control judicial llega de forma tardía y termina siendo de maquillaje", afirmó la Defensora Provincial, Jaquelina Ana Balangione, en diálogo con Verónica Luchessi en Sí 98.9.

Según explicó la defensora, el SPPDP pretende la declaración de inconstitucionalidad de una parte de la ley 13.746, sancionada por la Legislatura santafesina en diciembre del año pasado, según la cual una persona puede estar hasta tres o cuatro días privada de su libertad, mediando solo una orden verbal del fiscal y sin concederle derecho a ser escuchada durante ese tiempo por un juez penal.

De esa manera, se consideran afectadas las garantías previstas en el artículo 9 de la Constitución Provincial y otras contempladas en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

La Defensora provincial junto a representantes de los organismos que sustentan el planteo constitucional. 

"Sigue existiendo un juez que controla, el problema es el plazo", advirtió la doctora y recordó: "Cuando salió la ley, la Defensa puso su reparo".

Según el artículo 9 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, "ninguna detención puede prolongarse por más de veinticuatro horas sin darse aviso al juez competente y ponerse a su disposición al detenido, ni mantenerse una incomunicación por más de cuarenta y ocho horas, medida que cesa automáticamente al expirar dicho término, salvo prórroga por auto motivo del juez". Desde este año, con la reforma al Código Procesal Penal, el aviso al juez puede realizarse 72 horas después de la detención, con posibilidad de prorrogarla 22 horas más.

"El control del juez es una garantía mínima y básica para cualquier persona de la provincia. El magistrado debe considerar si la detención es necesaria y razonable", indicó Balangione.

En cuanto a la modificación sancionada en la Legislatura, la defensora dijo: "Son medidas que endurecen posturas en contra de los imputados y le dan mayores herramientas a los fiscales y la policía para moverse con más tiempo antes de llegar a la audiencia". "En 2017, el mayor índice de violencia institucional es el policial que se da en el primer momento de la detención", agregó.

Del encuentro para anunciar la presentación de los "Amicus curiae" participaron: la Defensora Provincial, Dra. Jaquelina Ana Balangione, el Coordinador del Area Litigio y Defensa Legal del CELS, Dr. Federico Efron, el Coordinador del Equipo Permanente de INECIP, Dr. Julian Alfie, el responsable por INECIP de la redacción de documentos jurídicos, Dr. Lucas Fortete, las representantes de APP, Dras. Bernardette Blua y Analía Abreu, los Defensores Regionales de las cinco Circunscripciones Judiciales, Defensores Públicos y otros miembros del organismo. 

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