Solo el 0,14% de chicos entre 14 y 17 años tiene problemas con la ley

La intención del gobierno de bajar la edad de imputabilidad revivió la idea de más mano dura contra los niños y adolescentes que cometen algún delito. Los últimos números publicados por Unicef desmienten un problema extendido: son muy pocos los chicos menores de 16 años con medidas judiciales de carácter penal en todo el país

La intención del gobierno nacional de avanzar en un proyecto legislativo para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años despertó fuerte críticas en un amplio sector de la sociedad. Hasta la Iglesia, una institución poco comprometida con este debate, pidió no convertir a los chicos infractores de la ley penal en “enemigos sociales”. En la misma línea, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) Argentina llamó a avanzar en la aprobación de una Ley de Justicia Penal Juvenil, que no disminuya la edad de imputabilidad, y que pueda afianzar un “sistema especializado” en línea con los estándares internacionales.

El posicionamiento de Unicef se sustenta en  la información relevada en sus informes anuales sobre la situación de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Los últimos relevamientos nacionales dan cuenta de una “escasa implementación de medidas alternativas a la privación de la libertad”, de “malas condiciones edilicias en los centros de detención”, de “derechos incumplidos” en el encierro y de un “bajo grado de especialización del sistema de justicia penal”.

Los datos del 2015, último trabajo difundido realizado junto a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), desmienten una problemática grave y extendida respecto a los adolescentes en problemas con la ley penal, tal como plantea el oficialismo. 

3.908 adolescentes de hasta 17 años están alojados en establecimientos o incluidos en programas enArgentina

En total hay 3.908 adolescentes de hasta 17 años inclusive, alojados en establecimientos o incluidos en programas en todo el territorio nacional. La cifra representa tan solo 0,14% del total de chicos entre 14 y 17 años que habitan en el país, cerca de 2.700.000 según las proyecciones de población por edades simples del Instituto Nacional de Estadística y Censos. El 89,5% de los jóvenes con medidas judiciales tiene entre 16 años y 17 años, mientras que  10,5% (412 casos) tiene menos de 16.

Con respecto al tipo de dispositivos en el que transita esta población de adolescentes de hasta 17 años, 74,6% (2.915 adolescentes) se encuentra en programas de supervisión en territorio; 3,1%, (122 adolescentes), en establecimientos de restricción de libertad; y 22,3% (871 adolescentes), en establecimientos de privación de libertad.

Respecto a al tipo de delito, la mayoría corresponden a robos, siendo muy bajo el porcentaje de homicidios. El informe de Unicef brinda un detalle según los establecimientos que hacen cumplir las medidas judiciales.

Para los programas de supervisión en territorio (Libertad Asistida y Sistemas de Acompañamiento, entre otros), 67,6% del total de hechos delictivos imputados a los adolescentes corresponde a delitos contra la propiedad. Dentro de este grupo, la mayor parte son del tipo robo calificado y robo simple: 57 y 34%, respectivamente. Muy por debajo de este grupo, se ubica el resto de los grupos de delitos identificados: 5,1% de los adolescentes incluidos en programas ha sido imputado por el delito de homicidio o su tentativa; 4,2% por tenencia, portación y abuso de armas y 2,6% por lesiones.

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Con respecto a los establecimientos de restricción de libertad (residencias socio-educativas), la mitad de los delitos (50,6%) son delitos contra la propiedad, de los cuales 64,4% corresponde a robos calificados y 31,0% a robos simples. En segundo lugar de importancia, se encuentran las imputaciones por delitos graves cometidos contra las personas, que representan 33,1%, mientras que el delito de homicidio o tentativa, alcanza a 31,4% y los delitos contra la integridad sexual representan el 1,7% del total. Los delitos por portación o abuso de armas representan 2,9% mientras que las lesiones y las infracciones a la Ley de Estupefaciente, 1,7 y 1,2% respectivamente

En tanto, para los establecimientos de privación de libertad (residencias cerradas), algo más de la mitad de los delitos imputados a la población incluida en estos dispositivos son contra la propiedad (55,1%). Poco menos de un tercio de las imputaciones son por delitos graves cometidos contra las personas. El 26,6% de los adolescentes alojados ha sido imputado por el delito de homicidio o tentativa de homicidio; 2,3% por delitos contra la integridad sexual; y 0,5% por secuestros o privación ilegítima de la libertad.

Santa Fe se ubica como la quinta provincia con más adolescentes en conflicto con la ley, detrás de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Tucumán: 295 en total, de los cuales 79 están alojados en centros de puertas cerradas, como el Irar de Rosario.

Le ley vigente

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En 1980, en plena dictadura cívico militar se sancionó la Ley Nacional N° 22.278 de Régimen Penal de la Minoridad que aún permanece vigente. Solo en 1983 fueron modificados sus primeros dos artículos. Esta normativa define como no punibles a las niñas, niños y adolescentes de menos de 16 años y determina el abordaje tutelar y el alojamiento en institutos de encierro especializados por períodos de tiempo no estipulados que quedan a criterio del juez. No obstante, surgieron con posterioridad numerosos proyectos de ley, sin que ninguno de ellos lograra acuerdo parlamentario para su sanción

Para Unicef, esta normativa es “incompatible” con la Convención sobre los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos  señalaron en varias oportunidades la necesidad de derogar la normativa nacional y sancionar una ley acorde a los estándares internacionales.

“Es clave --dice Unicef Argentina en el comunicado difundido días atrás--  que una reforma legislativa esté acompañada de una fuerte inversión en políticas públicas de protección integral de la niñez y adolescencia. De la misma manera,sería importante que se amplíe y mejore la oferta de medidas alternativas, justicia restaurativa, instancias de mediación y justicia comunitaria”.

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