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"Retrocedimos 20 años en algunas discusiones"

La criminóloga Eugenia Cozzi advierte que con la legitimación de prácticas policiales ilegales se traspasa un "peligroso límite" y se vuelve hacia atrás en los consensos alcanzados sobre políticas de seguridad. El caso Chocobar volvió a poner el tema en agenda

Hace algunos años, un académico brasileño se preguntó por qué los índices de violencia institucional eran tan distintos en dos de las ciudades más pobladas del país, San Pablo y Río de Janeiro. Advirtió que en el primer distrito se castigaba a los policías denunciados por prácticas ilegales. En la segunda jurisdicción, en cambio, se premiaba a los uniformados que cometían abusos y atropellos.

La académica Eugenia Cozzi elige el ejemplo para graficar el impacto que, muchas veces, tienen los discursos y las decisiones políticas en los contextos sociales, sobre todo en lo que concierne a la seguridad pública.

La legitimación de una “ejecución sumaria” por parte del mismo presidente de la Nación no hace más que habilitar prácticas policiales que están por fuera de la ley, plantea esta docente universitaria.

Cozzi integra la cátedra de Criminología y Control Social de la UNR y participa de forma activa en la Multisectorial contra la Violencia Institucional, un colectivo que se formó ante la necesidad de visibilizar una problemática oculta en la agenda de la ciudad.

En diálogo con Rosarioplus.com analiza y deconstruye la reacción del poder Ejecutivo nacional ante el caso Chocobar. La novedad, dice, no está en la práctica (la ejecución policial), sino en el “mensaje” que se busca instalar desde el gobierno.

“No son prácticas que no sucedían, pero sí había un Estado que las estaba problematizando. La sensación es que retrocedimos 20 años en algunas discusiones. Se había construido un consenso entre diferentes actores políticos acerca de lo que se entendía como políticas de seguridad. Nos llevan a discutir cuestiones muy básicas”, reflexiona.

En su opinión, estas prácticas, además de ser violatorias de los derechos humanos, son ineficaces para combatir el delito. Su legitimación va a desencadenar en un aumento de casos. “Sin lugar a dudas vamos a llegar a los niveles más alto de violencia policial desde el retorno de la democracia”, advierte.

-Una violencia institucional negada asoma difícil de combatir. ¿Qué consecuencias puede tener una violencia institucional avalada desde las máximas esferas del poder político?

-La verdad que es muy grave lo que está pasando. Se legitiman y se habilitan prácticas que están por fuera de la ley. Lo que sucedió en este caso es una clara ejecución sumaria, estamos ante un homicidio. Con la foto del presidente y los dichos de la ministra Bullrich se habilitan este tipo prácticas. En determinados contextos políticos los discursos habilitan determinadas prácticas. Los dichos del poder político tienen por lo tanto efecto sobre las prácticas. En algunos contextos políticos estas prácticas aparecen censuradas y en otros totalmente habilitadas. Hoy estamos en este segundo escenario.

-No son entonces reacciones espontáneas o discursos aislados 

-Para nada. Hay que prestar mucha atención  No son casuales estos dichos. Hacen referencia a un caso puntual, pero son claros mensajes. Premiar estas prácticas no hace más que legitimarlas. Y quién las legitimiza es nada menos que el presidente de la Nación, la máxima representación del Estado. Ahí se cruzó un límite. La sensación es que retrocedimos 20 años en algunas discusiones. Estas prácticas, además de ser violatorias de los derechos humnaos, son ineficaces para combatir el delito. Esto también hay que decirlo.

-¿Es un escenario inédito desde la recuperación de la democracia?

-Se había construido un consenso político entre diferentes actores políticos acerca de lo que se entendía como políticas de seguridad. Pareciera que nos quieren llevar a discutir cuestiones muy básicas. Argentina tiene responsabilidades internacionales por las prácticas violatorias a los derechos humanos. Hay estándares internacionales sobre cuándo la policía debe utilizar armas de fuego. No lo pueden hacer de cualquier manera. La exigencia que se la hace a una persona que fue preparada es mucho mayor a la que se la hace al ciudadano común. Es pensar cuál es el uso legal de la fuerza. La discusión no es si hay que usar o no la fuerza. La policía está habilitada a usar la fuerza. En el caso de Chocobar es un claro caso de ejecución sumaria. Nadie le puede disparar a alguien por la espalda para detenerlo. Ni la vida del policía ni la vida de algún tercero estaba en juego en ese momento.

-¿Qué impacto pueden tener estos discursos en el día a día?

-Son discursos que generan efectos concretos, de eso no hay duda. Se reviste de legalidad situaciones que son ilegales. Es muy peligroso invertir la carga de la prueba y que los policías no tengan que demostrar su inocencia. Sin lugar a dudas vamos a llegar a los niveles de 2001 en términos de violencia policial, a los niveles más alto desde el retorno de la democracia. Y ojo que no estamos hablando de prácticas que no que no sucedían, pero sí había un Estado que las estaba problematizando. Con estos discursos se traspasan límites que habían sido socialmente construidos a partir del activismo de muchos actores. Teníamos un consenso sobre políticas de seguridad, sobre estándares mínimo. Ahora empiezan a romperse esos límites.

-¿Puede haber un efecto también en el ámbito judicial? 

-Los jueces no dejan de ser actores políticos de estos determinados contexto de los que hablamos. Hay resoluciones judiciales que son más graves que los dichos de la presidente de la Nación. Es interesante ver cómo los jueces argumentan las condenas o las absoluciones a los policías. Los jueces son actores de poder que también habilitan prácticas y son quiénes definen cómo se clasifican las violencias. Lo que hacen las querellas, los familiares, es confrontar sentidos, decir acá hubo un fusilamiento no una legítima defensa.   

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