La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó su renuncia, este lunes, para dejar su cargo a partir del próximo año. Por su parte, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, adelantó que el presidente aceptará la decisión de la jefa de los fiscales.

La funcionaria le envió su dimisión al presidente Mauricio Macri, donde expresó: "A esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal".

"Las mismas razones que inspiraron mi accionar durante veinte años en la institución y más de treinta en el servicio de administración de justicia motivan hoy mi alejamiento de una gestión en la cual he profundizado la transformación del Ministerio Público Fiscal para colocarlo a la altura de los tiempos y de las demandas sociales en materia de política criminal, con perspectiva de derechos humanos y acceso universal a la justicia", señaló Gils Carbó, en su carta de renuncia.

En tanto, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, afirmó que "era necesario un cambio en la Procuración" y adelantó que el presidente aceptará la renuncia de Gils Carbó. "Valoramos que dé un paso al costado", señaló el funcionario, en diálogo con el canal TN.

El 20 de octubre pasado, el juez en lo Contencioso Administrativo Pablo Cayssials avaló la remoción de la procuradora general de la Nación sin necesidad de recurrir al mecanismo del juicio político. El magistrado consideró "inconstitucional" el artículo 76 de la Ley 27.148, del Ministerio Público, que equipara al procurador general con los jueces de la Corte Suprema en las formas de removerlo de su cargo.

De esta forma, Cayssials le daba la posibilidad al Ejecutivo de impulsar la destitución de Gils Carbó de forma directa.

Además, la jefa de los fiscales se encuentra procesada como coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por la compra de un edificio en la calle Perón al 600 para que funcionen las oficinas de la Procuración.