Sergio Gigliotti y Cristina Morla volvieron a sufrir un duro golpe por parte de la justicia. La familia solidaria que busca adoptar a un niño de tres años con el cual convivieron durante 19 meses supo que el Tribunal Colegiado de Familia Nº 3 decidió rechazar la apelación contra el fallo que les negó volver a tener a "Kiki".

El dictamen confirma el fallo de primera instancia que determinó hacer lugar al planteo expuesto por la Subsecretaría de Niñez. Ese fallo, emitido en los primeros días de febrero, subraya que el organismo provincial se ajustó a las normas, por lo que el caso no se puede judicializar.

El fallo de la jueza Susana Romero señala que "la legitimidad del acto administrativo debe ser evaluada a la luz de la Ley Nacional 26.061 y Provincial 12.967 vigentes en materia de niñez, de conformidad a la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Esta normativa establece claramente cuál es el órgano obligado y facultado a la adopción de las medidas de protección. Así, la carga y potestad de decidir sobre la aplicación, modificación, sustitución y/o cese de una medida de dicha naturaleza es de competencia exclusiva del órgano administrativo competente local".

Y también confirma que “la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, organismo competente, se encontraba legitimado para efectuar el cambio de alojamiento del niño”.

Para la defensa, la modificación de la situación de “Kiki” es un acto ilegítimo por el cual se afectan derechos y garantías constitucionales del niño, provocándole un daño.

Los intentos de la familia solidaria fueron tantos que hasta llegaron a escribir una carta al gobernador Miguel Lifschitz. “El Estado se olvidó de Kiki durante dos años y se hizo presente sólo para dañarlo”, se quejó Sergio Gigliotti.