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Prostitución en la sombra: cómo se ejerce hoy la actividad en Rosario

La actividad se reconvirtió tras la ordenanza que, en 2013, eliminó la figura de cabarets y whiskerías. La oferta se centra hoy en la calle, en departamentos privados y en “casitas” ubicadas en la zona de la Terminal. Desde el gremio de meretrices denuncian que el modelo prohibicionista favorece la explotación y la criminalización del oficio. Advierten además que la policía está "más alterada"

La modalidad surgió en los últimos años al escasear los lugares físicos para ejercer la actividad y cuando los moteles de la zona empezaron a prohibir su práctica para no tener problemas con la Municipalidad. Las mujeres se agrupan y alquilan una “casita” con pequeñas habitaciones para recibir o llevar clientes. Algunas chicas están siempre en la puerta para identificar el lugar y parte de las ganancias van a un fondo común para pagar la renta.

Hasta mediados de 2013, muchas de esas mujeres ofrecían servicios sexuales en los cabarets y las whiskerías que funcionaban en la ciudad. En julio de ese año, el Concejo borró por unanimidad ese rubro de la ordenanza de espectáculos públicos. Se celebró como un gran paso adelante para acabar con el proxenetismo y la trata de personas.

Hasta ese entonces, la ordenanza 7.218 de espectáculos públicos habilitaba “la posibilidad de tomar una copa, la presencia de una alternadora, un show para adultos y diversión para mayores". En 2003, había quince establecimientos de este tipo en la ciudad. Una década más tarde, para cuando se aprobó la nueva normativa, solo quedaban tres. Ninguna habilitación se renovó a partir de julio de 2013

Con La Rosa y el Palacio de Berlusconi en funcionamiento, dos íconos en el rubro de los cabarets, el municipio llegó a rubricar más de 100 contratos de alternadoras. Al primer establecimiento lo clausuraron en mayo de 2013 por el delito de “promoción y facilitamiento de la prostitución”. Estaba ubicado en el corazón de Pichincha. El allanamiento terminó con la detención y el procesamiento de Juan Cabrera, conocido en la noche como "El Indio Blanco”.

El segundo lugar (Sarmiento al 1100), del mismo dueño, cerró sus puertas unos meses antes en medio de una inspección municipal que terminó con agresiones de parte de los encargados del cabaret. "Las chicas se llevan entre 8 mil y 12 mil pesos al mes. ¿Dónde van a ganar eso?", se preguntaban con sorna algunos empresarios de la noche al producirse la clausura.

Sarmiento al 1100, donde supo funcionar el Palacio Berlusconi

La nueva herramienta legislativa, señalaron en su día los ediles, se aprobó para que "el Estado deje de avalar un rubro que históricamente sirvió de disfraz para que delincuentes proxenetas exploten a las mujeres y se enriquezcan a partir de la prostitución de cuerpos ajenos". Las voces en contra apuntaron a que la medida iba a favorecer aún más a la “clandestinidad”, el “gran problema” del fenómeno.

La política local llegó en sintonía con otras medidas similares lanzadas por el poder Ejecutivo nacional para combatir la trata de personas. En 2011 se reglamentó la prohibición del “rubro 59”, que eliminó de los medios de comunicación los avisos que promovían la oferta sexual o que hacían “explícita o implícita referencia a la solicitud de las personas destinadas al comercio sexual”.

Las restricciones en los medios gráficos provocaron la propagación de sitios webs con servicios de "escorts". El portal supergatitas.com, el más visitado en su día, logró rápidamente una gran popularidad por sus contenidos amateurs y la participación de muchos seguidores. La página dejó de funcionar en 2014 luego de una investigación judicial que determinó que se utilizaba para ofrecer la prostitución.

El año pasado, la jueza Delia Pagliari procesó a cuatro personas por esta causa, uno de ellas fue David Trigueros, hijo del ex coordinador de Gabinete municipal, Néstor Trigueros, a quien la intendenta Mónica Fein apartó del cargo tras el escándalo.

La calle, las “Casitas” y los privados

Georgina Orellano es la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar). Cada tanto viaja a Rosario para escuchar los reclamos y las denuncias de sus compañeras. Explica que la ciudad fue “pionera” en las “políticas prohibicionistas” (actualmente hay 12 provincias con normativas), una decisión que empujó a muchas trabajadoras sexuales a la calle. “Se llevó a toda la actividad a un lugar mucho más oscuro y oculto”, sentencia en diálogo con Rosarioplus.com

El último relevamiento que hizo Ammar en Rosario arrojó un número de 100 trabajadoras sexuales que trabajan en la vía pública. Se estima que hay otras 600 ofreciendo sus servicios puertas para adentro. En el centro de la ciudad proliferan los departamentos “privados”, donde las mujeres trabajan 8 horas divididas en tres turnos. Por lo general dejan el 50% de sus ganancias para poder ocupar ese lugar.

Las administraciones de los edificios son el gran escollo a sortear. “Con los dueños se resuelve rápido: el costo de alquiler sube el doble o el triple cuando se comenta la actividad que se va a hacer. Pero con las administraciones es complicado. Al ver la cantidad de gente que entra y sale llaman a la policía, lo que deriva casi siempre en una coima”, cuenta Orellano.

En la zona de la Terminal ya funcionan dos “casitas” compartidas por grupos de mujeres. Cobran 120 pesos la habitación (el pase) y entre todas juntan para pagar el alquiler. “Son las mismas compañeras que antes trabajaban en cabarets como La Rosa”, afirma la dirigente de Ammar. La decisión de un alquiler conjunto surgió como respuesta a la repentina prohibición de muchos moteles de la zona respecto el ingreso de las trabajadoras sexuales. No quieren tener ningún problema con el municipio. Lamentablemente hay una clara confusión de lo que es una actividad lícita de lo que es un ilícito”, agrega.

La policía “más alterada”

La convivencia entre las trabajadoras sexuales y las fuerzas de seguridad está muy lejos de ser armoniosa. Orellano asegura que en Rosario “la policía tiene liberada la zona en los alrededores de la Terminal de colectivos”, que las “compañeras están expuestas a distintos robos”, y que están “obligadas a pagar un monto semanal para poder trabajar”. Las chicas que se niegan sufren “continuos hostigamientos y allanamientos sin orden judicial alguna".

En Ammar denuncian que desde que asumió Mauricio Macri “recrudeció la violencia institucional” en los espacios públicos. Pasa en Rosario y en la mayoría de los distritos del país. “Muchos dispositivos estatales quedaron en manos de este gobierno. Sufrimos más requisas, más ninguneo, más pago de coimas y la dificultad de hacer uso de la calle. Últimamente se amontonan las  denuncias de que la policía corre a las chicas, las golpean, no las dejan trabajar, les piden favores sexuales y les piden plata”, revelan.

Un sistema punitivo que “criminaliza” la actividad

La realidad, dice Orellano, marca que las políticas prohibicionistas “lejos de combatir a la trata de personas terminaron criminalizando a las mujeres que ofrecen el trabajo sexual por decisión propia y voluntaria”. En la persecución de un delito se terminó favoreciendo “el proxenetismo y la explotación laboral” de miles de mujeres.

El Estado, sostiene la dirigente gremial, solo ve “víctimas o proxenetas” y no deja lugar para “los grises”. Este modelo no contempla a las mujeres que deciden ejercer el trabajo sexual y que se niegan a buscar otra salida laboral. “Se criminaliza y se empuja a la clandestinidad, con los problemas que eso arrastra”, dice.

En tal sentido, se queja que ningún Estado (local, provincial o nacional) puede darle continuidad a las políticas que se implementaron para combatir a la trata de personas. En el caso de Rosario, la ordenanza del 2013 contemplaba asistencia y contención.  “La secretaria de la Mujer en Rosario, espacio encargado de llevar adelantes políticas públicas, contabilizan con los dedos de las manos a las mujeres a las que ayudaron”.

Si bien hay un “fuerte avance” en el movimiento de las trabajadores sexuales, Orellano explica que aún “falta madurar como sociedad” para alcanzar algún progreso legislativo. “Se necesita abordar el tema desde una perspectiva laboral y de derechos y no desde una mirada moralista y con prejuicios. Eso pone muchos palos en la rueda”, aclara.

Y concluye: “Desde nuestra organización luchamos por el reconocimiento del trabajo sexual como cualquier otro oficio, para poder tener un marco regulatorio que nos permita trabajar tranquilas, con presencia del estado y con un reconocimiento de derechos básicos laborales”.

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