La discusión en el Concejo Municipal para regular la instalación de nuevas antenas de telefonía en la ciudad tiene varios capítulos en los últimos años. Pero esta vez parece que se llegará a una conclusión. La edila de Iniciativa Popular, Fernanda Gigliani, impulsa una ordenanza para realizar una audiencia pública y discutir la temática con las diferentes partes y llegar a un acuerdo que derive en una nueva reglamentación.

"Nos parece que es un tema que amerita la convocatoria a una audiencia pública para que todas las partes puedan exponer lo que tengan para decir y ahí recién los concejales abocarnos al estudio de la modificación o no de la normativa actual", explicó la concejala, en diálogo con Ariel Bulsicco, en Sí 98.9.

La edila comentó que las autorizaciones que se vienen otorgando, como así también las instalaciones de hecho de antenas, que realizan las empresas en diversas locaciones, ha generado polémica y preocupación en importantes grupos de vecinos que habitan barrios y el área central de la ciudad.

Por otra parte las empresas de telefonía vienen planteado que el nuevo paradigma tecnológico requiere de una modificación en la normativa vigente y que para poder funcionar correctamente se deben instalar una cantidad mayor de antenas que  mejorarán la  calidad en la señal y en las telecomunicaciones, considerando errada la creencia del riesgo que producen.

"Escuchamos a los diferentes actores, pero siempre por separada; por eso pensamos que la audiencia pública es la herramienta adecuada", indicó Gigliani y agregó: "Es un tema clave para la Rosario del futuro".

El proyecto de la legisladora, que avanza en el Concejo Municipal, además del conjunto de vecinos que estén interesados, propone e invita para que participen de la misma de esta audiencia pública a: funcionarios municipales y provinciales que posean incumbencia en la temática, representantes de Enacom, directivos de empresas de telefonía, organizaciones de la sociedad civil involucradas en la cuestión, académicos, cátedras y centros de estudios de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad Tecnológica Nacional, y de otras instituciones educativas públicas y privadas, que puedan estar vinculadas a la temática,
vecinales y asociaciones de defensa de usuarios.