El juez federal Nº 3 Carlos Vera Barros procesó a Héctor Fructuoso Funes, integrante del Estado Mayor del Comando del Cuerpo de Ejército II con sede en Rosario y al coronel (re) Luis Américo Muñoz, ex segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, por participar en el robo a los Tribunales provinciales en 1984, en el cual se hicieron desaparecer expedientes del terrorismo de estado.

Ambos  militares fueron procesados como coautores de robo calificado por el uso de armas, privación ilegítima de la libertad y encubrimiento agravado por el tipo de delitos precedentes.

En tanto, este lunes, el fiscal de la Unidad de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad, Alfredo Villate, le señaló al diario Rosario/12 que un día después de firmar los procesamientos, el magistrado Vera Barros “suspendió el proceso en relación a Muñoz por padecer una supuesta incapacidad sobreviviente” sin darle intervención a la Unidad de Lesa Humanidad.

Según el funcionario judicial, “la psiquiatra que dictaminó en favor de la exclusión de Muñoz del proceso, es quien había sido su médica personal y actualmente es la terapeuta de su esposa, lo que comprometía su objetividad y justificaba que se declarara nulo su dictamen”.

Además, Villate reveló que durante un allanamiento realizado en la casa del militar se secuestró un papel con instrucciones que, a criterio de la Fiscalía, “indudablemente refieren al modo en que debía comportarse Muñoz para simular una supuesta imposibilidad de comprender, y así manipular el resultado del peritaje". 

El 8 de octubre de 1984 cerca de las 2 de la madrugada dos personas vestidas de policía y armadas tomaron por asalto el edificio de Tribunales Provinciales de Rosario. Encañonaron y maniataron al personal de custodia y le sacaron sus armas. Luego fueron a su botín: la causa 6/1984, conocida como Feced, que investigaba operaciones de Inteligencia durante la dictadura militar.

Se robaron los tres cuerpos que investigaban denuncias contra Jorge Pérez Blanco, Eduardo Rebecchi y Teresa De Conde, quienes trabajaban para el Destacamento de Inteligencia 121. Poco antes, la Delegación Rosario de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas había secuestrado prueba documental incriminatoria para personal militar y policial y los exponía.

Este año, el fiscal federal Adolfo Villate reactivó la causa que pretendió frenar las primeras investigaciones sobre la represión ilegal en la región. El puntapié fue un documento público de 1987 en el que el militar Luis Américo Muñoz exigió al gobierno de Raúl Alfonsín un ascenso por su carrera y además por una operación de inteligencia realizada por él mismo. Se trataba del robo del expediente.

Villate entendió que Muñoz no pudo actuar sin la aprobación de sus superiores, el general Víctor Pino Cano y el coronel Héctor Fructuoso Funes, todos vivos aún. En marzo de este año, el juez Vera Barros ordenó la detención y recepción de declaración indagatoria de tres imputados. Esta semana fueron detenidos y esperan que la Justicia federal defina si acepta el pedido de la Fiscalía y dicta la prisión preventiva de cada uno y se avanza hacia un futuro juicio.

"Las detenciones fueron efectivizadas, y se les tomó declaración indagatoria a Funes y Muñoz, quienes además cumplen detención domiciliaria", había explicado en un comunicado.