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Preocupa al gobierno provincial un documento contra la Educación Sexual

La subsecretaria de Políticas de Género de Santa Fe, Gabriela Sosa manifestó “preocupación por posiciones antiderechos por parte de grupos conservadores” en torno a la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) como política de Estado para garantizar derechos fundamentales de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes.

Se trata de una respuesta oficial desde el Gobierno provincial tras haber conocido la difusión del Manifiesto de disconformidad de pastores bautistas de Rosario, difundido desde su sitio web a mediados de octubre. En un fragmento, los pastores calificaron el programa difundido por el Ministerio de Educación como “un claro acto de apología al delito, fomentando el aborto que, actualmente en la República Argentina es un delito, y por el hecho de que esté en debate, no deja de serlo, y apología a la discriminación de aquellos que todavía creemos en el valor de la vida desde su concepción”.

Los bautistas rosarinos le achacaron “una carga ideológica” y destacaron que “guardan una posición sesgada por preceptos que avalan la discriminación y cuyas palabras podrían aparejar consecuencias en la vida de muchos niños, adolescentes y jóvenes que concurren a establecimientos educativos, tales como bullying, tachándolos de conservadores y moralistas, intentos de suicidio postaborto, etc”.

Desde la Subsecretaría se consideró “fuertemente sesgado y retrógrado el manifiesto, ya que es una obligación del Estado garantizar el ejercicio de este derecho inalienable que contribuye a la construcción de proyectos de vida y de subjetividades positivas, ya que la Educación Sexual Integral es un Derecho Humano vigente a nivel nacional e internacional para el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes”.

Gabriela Sosa.

El gobierno de Santa Fe desarrolla un programa de abordaje específico de las temáticas vinculadas con la sexualidad, el género, el cuerpo y los afectos "desde una perspectiva del derechos humanos, de género, la igualdad de oportunidades y la construcción de convivencia y ciudadanía”, señaló Sosa.

La educación sexual es un derecho amparado por leyes

Desde la sanción de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral en el año 2006, el Estado, y las escuelas como parte de éste, tienen el deber de garantizar el derecho de los niños, las niñas, las y los jóvenes a contar con conocimientos que les permitan vivir una vida más plena y más digna.

De esta forma, “sólo habrá inclusión cuando las escuelas se conviertan en instituciones que pongan en valor la diversidad, en las que los chicos y las chicas puedan vivir sin discriminación y sin agresiones cualquiera sea su orientación sexual y su identidad de género, donde no se naturalice la violencia en ninguna de sus formas".

Desde hace más de cuatro décadas este derecho humano está vigente a nivel internacional y existen marcos normativos que lo garantizan: la Conferencia de El Cairo de 1994; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ONU 1979); la Ley Provincial 13.348 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que adhiere a la ley nacional n° 26.485; y la Ley Provincial Nº 12967, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (adherida a la Ley Nacional 26.061).

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