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Piden que espacios culturales locales dejen de pagar DREI y TGI por un año

En los últimos cuatro años la fuerte caída del salario, los incrementos tarifarios y las escasas políticas públicas dirigidas hacia los espacios culturales de la ciudad, golpearon al sector y llevaron al cierre definitivo de un 10 por ciento de los mismos durante la pandemia. La crisis previa ya se había cargado a otros tantos, por eso es que el Concejo vuelve a la carga con propuestas para protegerlos.

La concejala Alejandra Gómez Sáenz propuso para que desde el Estado local se lleve a cabo un decreto de alivio fiscal “para proteger el legado cultural vivo de ciudad”.

El proyecto busca eximir a los espacios culturales desde abril 2020 y por el lapso de 12 meses de la obligación de pago de la Tasa General de Inmuebles, así como de la obligación de pago del Derecho de Registro a Inscripción e Inspección.

La edila precisó que “estos espacios son fundamentales, no sólo como baluarte cultural, sino también como fuente de trabajo de artistas, docentes, gestores, técnicos, agentes de prensa y otros eslabones de la industria cultural”.

Un reclamo que continúa

Los espacios, nucleados en el Colectivo Rosarino de Espacios Culturales (CLEC, anteriormente conocidos como ECUR), difundieron su reclamo de la concreción de una ordenanza que los regule, para encontrar varias posibles salidas a la crisis entre subsidios de emergencia, créditos, habilitaciones de clases online, y más adelante, la paulatina reapertura bajo protocolos, como nuevas formas de trabajo adaptadas. De esta forma, la propuesta de la concejala vendría a paliar cierto malestar económico, aunque no responde puntualmente a la necesidad de una ordenanza que los regule.

Sucede que hasta ahora, al no existir bajo normativa, el vacío legal conlleva que estos lugares se habiliten como pubs, bares, espacios de actividades físicas o comercios, y no se reconocen en ninguno de ellos.

El primer proyecto de ordenanza de estos espacios fue el de Fernanda Gigliani en 2015 cuando existía el ECUR, para crear un perfil por fuera de la ordenanza de espectáculos públicos (la n° 7218). 

Luego hubo un segundo proyecto de María Eugenia Schmuck (la juventud radical entonces promovía el espacio Nómade), y un tercero de Ciudad Futura fue en 2016 que establecía los bares sociales y culturales, ya que este partido hasta ahora sostiene uno de los espacios que continúa, Distrito Siete, ahora adaptado con streaming de shows en vivo y con menúes de su buffet. Pero a falta de consensos en el Concejo se cajonearon los proyectos.

La concejala Marina Magnani precisó a este medio hace algunas semanas que hay un proyecto de modificar la ordenanza 7218 para contemplar normativas de los espacios culturales, pero en cuarentena se suspendió toda actividad por fuera de este contexto, y recién en la semana que volvieron virtuales, no había reuniones de comisiones”.

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