Los primeros que sufren la crisis son los sectores vulnerables, y más aún cuando el Estado le da la espalda. Los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad de Rosario denunciaron que el gobierno quiere desguazar el organismo y dejar a las personas sin pensiones.

"Hay un desguace del organismo desde hace tres años, con las pensiones paradas", afirmó Loreley Fojo trabajadora del organismo que tramita las pensiones por discapacidad para personas en situación de vulnerabilidad social, en diálogo con Rosarioplus.com.

Según señaló la empleada estatal, alrededor de 450 personas que eran contratadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en diferentes programas, concursaron y ganaron para pasar a la planta permanente de la entidad. Sin embargo, a la hora de asumir el cargo, 40 trabajadores se encontraron con una insólita exigencia: para obtener el puesto debían trabajar en forma permanente a la ciudad de Buenos Aires.

"O dejo a mi familia y me voy a Buenos Aires o cambio toda mi vida", lamentó Loreley, que tiene un hijo de 7 años, y remarcó: "La semana que viene tenemos que asumir el cargo en Buenos Aires o quedamos desempleados".

El próximo lunes, los empleados de la Agencia Nacional de Discapacidad que fueron obligados a trasladarse a la Capital Federal, se presentarán en la sede de la cartera encabezada por Carolina Stanley para reclamar la conservación del cargo en su ciudad de residencia.

"En Rosario hay 3 personas que quedamos en esta situación de discriminación laboral (una fue despedida en abril y volvería a trabajar por el concurso)", afirmó la trabajadora.

En la sede local sólo quedan 7 personas para atender a todas las personas de bajos ingresos, con discapacidad, de Rosario y las 110 comunas del centro y sur de Santa Fe. Si se hace efectivo el traslado, a partir del 23 de enero, quedarían 5.

"La idea es cerrar todas las oficinas de pensiones, porque hace 2 meses que los trámites no se inician, desde Buenos Aires se llevaron los formularios", denunció Loreley.

Para obtener una pensión, una persona debe demostrar, con estudios médicos y el seguimiento de un trabajador social, que tiene el 76 por ciento de incapacidad laboral. Dicho trámite se comienza en la oficina de Rosario y finaliza en Buenos Aires, se analiza el expediente, se toma una resolución y concede o no el subsidio. 

"A nivel nacional hay 200 mil personas que esperan que salga su pensión desde hace tres años", indicó la trabajadora y agregó: "No tenemos el número exacto en Rosario, porque es información que no nos dan".

Además de no contar con nuevos expedientes desde hace dos meses, y los 200 mil que están pendientes de analizar, desde el 2015 se dieron de baja 170 mil pensiones, según detalló Fojo, de las cuales se reintegraron 70 mil por la presentación de recursos de amparo.