En lo que va de este año, al menos 50 docentes mujeres de la provincia de Santa Fe solicitaron licencias en sus trabajos por causas relacionadas con violencia de género. Se trata de profesionales que trabajan en escuelas y que se vieron obligadas a suspender sus actividades laborales para poder recomponerse física y psicológicamente, luego de vivir situaciones de agresión por parte de sus parejas o ex maridos.
       
El secretario de Educación de Santa Fe, Oscar Di Paolo, confirmó que medio centenar de mujeres solicitaron el permiso, que actualmente autoriza ese ministerio, y que podría extenderse al resto de las carteras de la provincia de aprobarse el proyecto de Licencia por violencia de género que esta semana obtuvo media sanción en la legislatura santafesina.  

El funcionario provincial explicó que desde 2014 el ministerio de Educación acompaña a docentes y asistentes escolares (porteras) que transitan por este tipo de problemáticas  y las asisten hasta que logran recomponer su situación. Di Paolo señaló que, al menos en dos casos el acompañamiento implicó el traslado de las trabajadoras a otras localidades para poder preservarlas y asegurar su continuidad laboral.

Desde la cartera educativa indican que comenzaron a abordar el tema en 2013 al advertir la existencia de numerosas casos de violencia de género que se visibilizaban en los establecimientos educativos, teniendo en cuenta que 90 por ciento del plantel docente está conformado por mujeres.
    
“No teníamos herramientas legales para acompañar en prevención”, dice Di Paolo y cuenta que por eso se firmó hace tres años una resolución ministerial para abordar la problemática”. El instrumento normativo, plasmado en la Resolución 988 de junio de 2014 permite que titulares, interinas y reemplazantes sin antigüedad puedan tramitar la licencia por violencia de género tanto en escuelas públicas y privadas.
     
“Es importante porque se trata de situaciones en los que se vulneran derechos, la integridad física y psicológica de las mujeres. Haber detectado el problema nos posibilitó extender las herramientas y vemos que eso funciona bien”, señala Di Paolo desde la cartera educativa.

Sin embargo, la situación no se extiende actualmente a otros ministerios y por eso desde sindicatos como ATE, Siprus y la Multisectorial de Mujeres de Rosario insisten en la necesidad de una legislación provincial que ampare al resto de las trabajadoras que atraviesan situaciones de violencia de género y que desarrollan sus actividades en reparticiones públicas.