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Los defensores de Los Monos dejaron entrever sus estrategias

El tan esperado juicio oral y público a la Banda de Los Monos tuvo su semana inaugural, en la que los abogados defensores empezaron a mostrar sus estrategias en los alegatos de apertura, para convencer al tribunal de que los 25 imputados en la causa no forman una asociación ilícita. Claro que el equipo de fiscales confía en el peso de sus pruebas -las escuchas telefónicas, sobre todo- y completa el ajedrez donde las partes jugarán posiciones hasta fin de año, y retomarán en febrero.

Recusar a dos miembros del tribunal, cuestionar las escuchas telefónicas que se utilizaron como prueba, rechazar la investigación del juez Vienna por estar direccionada, denunciar presión política y mediática; son algunos de los argumentos que la mayoría de los 17 abogados defensores expresaron en los primeros días del juzgamiento.

El rol del juez Vienna

"Hay un fraude a la imparcialidad, que tiene como responsable al juez Juan Carlos Vienna", señaló Fausto Yrure, abogado de Ramón Machuca, Francisco Lapiana, Agustín Ruiz, Lorena Verdún, Ariel “Guille” Cantero, Emanuel Chamorro, Ariel “El Viejo” Cantero y Leandro Vilches.

En el segundo día del juicio oral y público, el letrado recordó la aparente relación entre el magistrado y Luis Paz, padre de Martín "Fantasma" Paz, el hombre que fue asesinado el 8 de septiembre de 2012 y encendió la mecha de la causa Los Monos. 

Según explicó Yrure, "no había indicios que incriminen a algún miembro de la familia Cantero en el crimen de Martín Paz", sin embargo, el asesinato fue el detonante de la posterior imputación de las 25 personas que se encuentran en el juicio público.

Además, el abogado remarcó que la investigación a cargo de la División Judiciales de la Unidad Regional II,  que utilizó el juez Vienna, mencionaba que Martín Paz tenía vínculos con el narcotráfico, y a pesar de esta prueba, la familia del Fantasma nunca fue investigada.

"Esta investigación fue direccionada en desmedro de alguno y beneficio de otros", manifestó Sergio Larrubia, defensor del ex policía de Drogas, Juan Delmastro.

Contexto político e institucional

"La causa del doctor Juan Carlos Vienna fue la respuesta política a la inacción de la policía en la violencia ciudadana", afirmó Carlos Edwards, abogado que representa a varios imputados, y remarcó que la detención del ex jefe de la policía de Santa Fe Hugo Tognoli había complicado al Ejecutivo provincial.

"Vienna ha sido funcional al contexto político e institucional por la inacción en la lucha contra el narcotráfico", insistió Yrure.

Influencia de los medios

"Hay una batalla paralela que se ha desarrollado en los medios", indicó el letrado Carlos Varela, tras apuntar a los fiscales por su presencia en radios, periódicos y programas de televisión. También, el abogado señaló que se "ha llegado hasta la publicación de un libro sobre los acusados", que sólo se basa en "conjeturas".

Por su parte, Yrure fue el primero que ahondó en el concepto de "quema de brujas" para referirse al juicio, al entender que sus defendidos sufrieron una "demonización" como si fueran un “enemigo público de la sociedad”.

Situación económica de los imputados

Uno de los argumentos más utilizados por la defensa es la mención de la crítica situación económica de los acusados, que en caso de formar una asociación ilícita deberían tener un patrimonio más amplio.

"Se habla de su fortuna y fue detenido en un carro, tirado por dos caballos, con el que buscaba llevarle algo de comer a sus hijos", manifestó Varela, al hacer referencia al arresto de Ariel "El Viejo" Cantero.

En tanto, Adrián Martínez, representante legal de Lorena Verdún, afirmó que a su defendida se la acusa por tener un Peugeot 206, que "aparentemente no tendría dinero para adquirirlo". Además, destacó que los cuatro bienes que tuvo los compró una vez vendido el anterior y comentó: "Es comerciante, se mantiene sola".

Asimismo, la abogada Florencia Chaumet afirmó que su representado, el prefecto Roberto Otaduy, "no tiene bienes personales", por lo que sería incoherente que participe de una asociación ilícita sin obtener ganancias.

Por su parte, los policías Diego Cárdenas y Germán Herrera; el primero como acusado de asociación ilícita y violación de secreto profesional, y el segundo por cohecho y encubrimiento agravado, se declararon en quiebra, ya que desde que comenzó el proceso su pasar económico es precario. 

"Herrera tiene un automóvil del 98 y vive en un Fonavi", expuso la defensora oficial Florencia Chaumet, y agregó que Cárdenas -ex cabo de la comisaría de Fighiera- también ocupa una vivienda en un Fonavi y se solventa económicamente gracias a un trabajo temporal que consiguió.

Legitimidad de las escuchas telefónicas

"En esta causa se mandaron listas de teléfonos de ciudadanos que fueron escuchados sin tener relación con el caso", indicó el penalista Larrubia, defensor de Delmastro.

"Sorprende que se lo acuse cuando falta el contenido de la información, es decir, qué se dijo en la llamada", dijo Chaumet sobre la acusación a Eduardo Anacleto Enríquez.

En tanto, Yrure comentó que todos los hechos por los cuales se acusa a Francisco Lapiana surgieron de las intervenciones telefónicas, por lo tanto, no había indicios para realizarlas. A su vez, el abogado señaló que todas las conversaciones que mantuvieron el representante de jugadores y Ramón Machuca fueron sobre fútbol.

El policía de familia rica

A diferencia de los otros imputados, el abogado Alberto Tortajada, representante del comisario inspector Gustavo "Gula" Pereyra, afirmó que su defendido es "una persona atípica en la sociedad que vivimos, por querer ser policía toda su vida".

Según Tortajada, al ingresar a la fuerza de seguridad, Pereyra contaba con un auto 0 kilómetro y un nivel de vida de clase "media alta". "Pereyra se hizo una casa en Pueblo Esther y se puede construir varias más", expresó el abogado, y recordó que los padres del imputado poseían el famoso Restaurant Wembley, el histórico inmueble de calle Salta y San Nicolás (donde hoy se encuentra Telecom), y otras propiedades de la zona portuaria rosarina. "No entró en la policía para robar, sino porque era su vocación", argumentó.

Recusación a los jueces

El juicio oral y público estaba en pañales cuando varios abogados defensores, encabezado por Carlos Edwards, recusaron al presidente del tribunal, Ismael Manfrín, y de la jueza Isabel Mas Varela por tener "conocimiento previo de las pruebas". 

La razón por la que los abogados objetaron a estos magistrados se debe a que ellos integraron el tribunal que dirigió el juicio contra Luis "Pollo" Bassi, Milton Damario y Facundo "Macaco" Muñoz, los tres acusados de asesinar a Claudio "Pájaro" Cantero el 26 de mayo de 2013, frente a la disco Infinity Night, en Villa Gobernador Gálvez.

En aquel juicio -que culminó con el polémico sobreseimiento de los tres imputados- se ventilaron escuchas telefónicas como objeto de prueba, y por lo tanto, los abogados de los acusados del juicio a Los Monos, que comenzó este martes, plantearon que Manfrín y Mas Varela ya conocen ese material y, por lo tanto, no corresponde que integren el tribunal que juzgará a estos 25 imputados, trece de los cuales son miembros de fuerzas de seguridad. 

A pesar de que la recusación no es fundamento para probar la inocencia de los acusados, el pedido de los abogados sirvió de preámbulo para un juzgamiento que estará lleno de condimentos. 

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