Su voz es de las más autorizadas para analizar la violencia institucional que sufren cotidianamente quienes habitan barrios periféricos y populares de Rosario. Durante dos años documentó la problemática junto a otros colegas en un riguroso trabajo de campo que derivó en una investigación financiada por la Unión Europea que lleva las firmas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la ONG local Fundación Igualar. 

En su peregrinar por las calles de la Rosario más olvidada, Eugenia Cozzi -magister en Criminología y docente de la cátedra de Criminología y Control Social en la Facultad de Derecho de la UNR- relevó patrones de conductas en el accionar de las fuerzas de seguridad, muchos de los cuales se replicaron este domingo en la represión policial en barrio Toba: detenciones arbitrarias; golpes e insultos; alteración del escenario --hay denuncias de armas plantadas--; irregularidades en las primeras pericias --el médico policial está en la mira de la fiscalía--; y la negación de los máximos representantes del Estado. "Se trató de un precedimiento rutinario, no hubo nada ilegal", afirmó una y otra vez el jefe de la Policía Marcelo Villanúa.  

En diálogo con Rosarioplus.com, Cozzi señala que el operativo del domingo no hace más que "visibilizar prácticas sistemáticas de la policía" en su intervención en los barrios de la ciudad. "Son todas prácticas que hemos registrados y documentado en la investigación. Prácticas extendidas en el tiempo y focalizadas, por lo general, en un grupo social específico: jóvenes varones de sectores populares", afirma. Y aclara: "No cualquier joven de la ciudad va a sufrir estas prácticas ilegales. Y si las sufre, la respuesta estatal va a ser distinta".

Lo que pasa habitualmente después de un caso con efectivos de seguridad en la mira por algún delito, según las conclusiones de la investigación en la que trabajó Cozzi, también ocurrió con la comunidad Qom: pruebas producidas por la propia policía (armas encontradas, certificados médicos irregulares, etc.) y la negación de la problemática, tanto desde la cúpula de la fuerza como del poder político. 

Sobre la primera arista, Rosarioplus.com publicó este martes que la propia Fiscalía admite tener un "problema" en la recopilación de las pruebas porque el personal de Asuntos Internos, área encargada de elaborar muchos informes, depende directamente del Jefe de la Policía. Al no documentarse las evidencias que comprometen a los uniformados, muchas denuncias terminan siendo desestimadas y/o archivadas por la Unidad Fiscal de Violencia y Corrupción Institucional, creada en 2015. 

"Es un avance que exista un área específica dentro de Fiscalía para abordar esta problemática, pero encontramos varias debilidades de diseño. Por un lado, el escaso personal y la falta de recursos hace que la mayor carga de investigación la produzca la propia policía. Hay una clara debilidad de autonomía. Y por el otro, los delitos más graves, los crímenes cometidos por la policía, lo sigue investigando la brigada de Homicidios y no esta unidad", explica Cozzi

La justificación de "no hay recursos disponibles" para entregar parte de la investigación a la policía es falaz a juicio de Cozzi. "Sí hay recursos, lo que pasa que se destinan a investigar otros delitos. Hay que fortalecer esta fiscalía específica con recursos propios como la Procuraduría de Violencia Institucional de Nación. Ese sería un gran paso adelante", concluye la docente.