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La universidad se hace eco del reclamo de los presos que se amotinaron

Un grupo de voluntarios que participan de un programa de educación universitaria en prisiones, intervino en la situación de crisis que se desató este lunes en los penales de Coronda y de Santa Fe, y que concluyó con la muerte violenta de cinco detenidos, todo en el marco de la situación de emergencia sanitaria que impone la pandemia de coronavirus. 

El mensaje proviene del Programa de Educación Universitaria en Prisiones, Programa Delito y Sociedad, de la Universidad Nacional del Litoral, y reclama decisiones que chocan hasta ahora con el parecer de las autoridades del gobierno provincial y de la Justicia.

Este colectivo reclama a las autoridades asumir la situación excepcional en su gravedad, sobre todo en ámbitos de encierro como lo son los presidios de la provincia, con personas en situación vulnerable ante el peligro de contagio de enfermedades virales.

Proponen, entonces, integrar una mesa específica de autoridades que se aboque a prevenir la pandemia en las cárceles santafesinas. Y entre las propuestas, suman un conjunto de medidas para mitigar los riesgos y "contener el malestar generado por las medidas dispuestas recientemente", dijeron en alusión a la suspensión de visitas familiares y la restricción en cuanto al ingreso de alimentos y elementos de limpieza a los penales.

Las propuestas son las siguientes: 

1) Reducción de la sobrepoblación carcelaria. Debido al riesgo extremo de contagio existente en las cárceles provinciales la forma más efectiva de prevenir los contagios es reducir el hacinamiento. Para ello, exigen que los juzgados de origen evalúen y dispongan la detención domiciliaria o libertad condicional de internos en la medida que las causas penales lo ameriten, sobre todo si se trata de personas detenidas pero que integran población de riesgo. En esta línea, también sugieren al Ejecutivo conmutación de penas en el caso de encausados próximos a cumplir condena. 

2) Garantizar el derecho a la información para las personas privadas de libertad. Esto refiere a una queja generalizada de detenidos y familiares el lunes a la tarde, durante los amotinamientos. Refirieron no contar con información precisa acerca de la política sanitaria a desarrollar con la población carcelaria provincial, que consta de unas 7000 personas.

3)Adecuación de las medidas de prevención para la circulación de personas en los establecimientos penitenciarios. Por eso los reclusos acuerdan con la suspensión de visitas familiares, pero reclaman que se controle la sintomatología de Covid-19 en las numerosas personas que circulan por las penitenciarias: empleados, funcionarios, proveedores, etc. El Programa Delito y Sociedad se hizo eco también de este planteo.

4) Promoción de medidas sanitarias preventivas para la población privada de su libertad, y acceso real a elementos de higiene básicos como agua potable, jabón, lavandina a cada persona privada de libertad.

5) Reforzar la adecuada atención en salud.

6) Métodos de comunicación alternativos para mitigar la angustia de no ver a los familiares. Entonces, señalan la como conveniente la provisión de tarjetas telefónicas y la autorización del ingreso y utilización de teléfonos celulares

La lista de propuestas es más extensa. El documento sería elevado en las próximas horas al gobierno provincial. 

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