La divulgación de la charla telefónica entre el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y el jefe de la Unidad Regional V de Policía, Adrián Rodríguez, puso al radical contra las cuerdas y provocó su reacción envuelto en una polémica que estremece la burbuja política santafesina. Pero en los pasillos de los Tribunales santafesinos el escándalo es más estridente: es que todos murmuran el hecho de que una causa penal por el delito de cohecho (coimas) contra el comisario le fue quitada de las manos del fiscal Roberto Apullán y derivada a la reciente Unidad de Delitos Complejos de Santa Fe. Ahora, quienes deben investigar al ministro Pullaro y al comisario Rodríguez son dos jóvenes y flamantes fiscales que acaban de jurar como tales y están a cargo de esa área, entre las más sensibles de todo el Poder Judicial.

El fiscal Apullán preparaba la audiencia imputativa contra Rodríguez cuando debió suspenderla por tercera vez. El jefe policial iba a ser acusado de cohecho e incluso se rumoreaba la existencia de escuchas que comprometían a funcionarios políticos. Finalmente, el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, desplazó a Apullán de esa investigación con el argumento de que le corresponde a la Unidad de Delitos Complejos. Y el expediente aterrizó allí el pasado 12 de octubre. 

La cuarta oportunidad para efectuar la audiencia imputativa contra Rodríguez sería el viernes 17 de noviembre. Pero esta vez no será encabezada por el fiscal Apullán sino por el fiscal Ezequiel Hernández y el fiscal adjunto Leandro Lazzarini, los noveles funcionarios del Ministerio Público de la Acusación. Será la misma audiencia en la que Apullán tenía previsto imputar a Rodríguez por cohecho y donde se iban a ventilar las escuchas telefónicas (difundidas públicamente en las últimas horas) en las que Pullaro le adelanta al oficial supuestas facilidades que encontraría en un concurso de ascensos. "Presentate, ¿sabés quién va a presidir el jurado? Yo. Después se te harán llegar las preguntas...", le dijo el ministro a Rodríguez.

En Tribunales de Santa Fe todos reparan en la nula experiencia de Hernández y Lazzarini para encarar una investigación en la que se encuentran involucrados un alto jefe policial y ni más ni menos que el ministro de Seguridad. Uno de ellos, aseguran, tiene estrecha relación con el propio Arietti. Ambos juraron como fiscales el pasado 30 de agosto. Hernández se desempeñaba como subsecretario de Persecución Penal de la Fiscalía Regional de Rafaela antes de jurar como fiscal titular en Santa Fe.

Arietti también le asignó a sus delfines de Delitos Complejos investigar irregularidades en las horas Ospe (extras policiales) y los Corral Papers, el desvío de fondos públicos para financiar una red de punteros del intendente de Santa Fe, José Corral.

“No es inusual que se organicen fiscalías especializadas. No es inusual que se estructure una fiscalía con fiscales especializados, Rosario por ejemplo lo tiene desde hace unos años”, explicó la semana pasada a Rosarioplus.com el ministro de Justicia de Santa Fe, Ricardo Silberstein. El funcionario se paró este jueves al lado de Pullaro en la conferencia de prensa donde se defendió de las acusaciones.