La jueza penal Mónica Lamperti dispuso que uno de los once imputados en la megacausa por estafas con inmuebles y lavado de activos cumpla su estado de prisión preventiva en su casa familiar, por la salud del acusado en cuestión, el escribano Juan Bautista Aliau.

La resolución de la magistrada obedece al resultado del examen que realizó esta semana una junta médica, a pedido del abogado defensor del notario incriminado, el ex ministro de Justicia provincial Juan Lewis.

Según informó un portavoz del Ministerio Público de la Acusación, la comisión de médicos que examinó a Aliau, junto con especialistas de parte, recomendaron que continúe el tratamiento psiquiátrico al que está siendo sometido en otro ámbito diferente al de la celda en la subcomisaría 24ª, adonde estaba alojado desde el mes pasado, cuando fue detenido por la Policía de Investigaciones junto con otros nueve hombres y una mujer, todos involucrados en la causa investigada por el fiscal de Delitos Económicos, Sebastián Narvaja.

Lamperti accedió a morigerar la prisión preventiva a modalidad domiciliaria, pero con la condición de que tiene prohibido salir del país, y debe entregar los documentos y pasaporte . Asimismo, "se le prohíbe tener contacto con cualquier persona relacionada a la causa, salvo su abogado", precisó el vocero.

En el mismo sentido, la magistrada ordenó que la policía realice controles diarios en horarios aleatorios, y que el psiquiatra que atiende a Aliau eleve un informe cada quince días a la Fiscalía acerca de la evolución del paciente. 

Esta medida se prolongará hasta el 12 de diciembre, fecha en la que vencerá la prisión preventiva que la jueza impuso a todos, menos al gerente de La Capital, Pablo Abdala, y al escribano Luis Kurtzemann. Ese día se realizará una nueva audiencia y allí la magistrada definirá cómo continuará la investigación.

En tanto, desde Fiscalía confirmaron este viernes que la audiencia en la que el Estado provincial solicitó constituirse como querellante se realizará el próximo viernes 2 de diciembre.

Aliau cayó en la incriminación general de lo que el fiscal Narvaja entiende como una asociación ilícita destinada a cometer fraudes mediante la falsificación de documentos y el desapoderamiento de inmuebles a sus titulares legítimos, para luego echar a andar una serie de maniobras tendientes a ingresarlos a la economía formal y legal. Este escribano, de 45 años, está involucrado en una de las maniobras investigadas por Narvaja, la que le quitó un campo de 124 hectáreas en Villa Amelia a Ana Josefina Luppi, viuda del ex camarista Ernesto Navarro.

Estrategia de defensa

La defensa de Aliau insiste en demostrar que el notario no era parte de la asociación ilícita de la que lo imputó la Fiscalía y que fue engañado al firmar las escrituras del campo de Villa Amelia, y no a sabiendas, como lo acusan. Por lo tanto, no existiría intención dolosa, sostienen a su alrededor. Los poderes para afrontar las escrituras -que firmó Aliau en la venta a Roberto De Gaetano y después a Marcelo Jaef y Pablo Abdala- estaban fraguados en origen por el escribano Eduardo Torres.

A su vez, subrayan que de las seis estafas inmobiliarias presentadas en la acusación, Aliau sólo aparece implicado en la del campo. La defensa sostiene que en las escuchas telefónicas sólo aparece una vez hablando con el escribano Kurtzemann donde queda evidenciada la falta de conocimiento de los dos profesionales al preguntarse de dónde provenía un inconveniente o vicio en la escritura.