La crítica se repite. El dedo apunta hacia el mismo lugar, el Instituto Médico Legal, y hacia la misma persona: el médico forense Raúl Rodríguez, sospechado, según la investigación judicial en curso, de encubrir el crimen de Franco Casco. La familia de Gerardo “Pichón” Escobar, otro joven que apareció muerto en el río Paraná, denuncia las mismas irregularidades y la misma complicidad del IML con las fuerzas de seguridad.

Escobar fue hallado sin vida el 21 de agosto de 2015 tras permanecer una semana desaparecido, después de haber ido a bailar la madrugada del 14 de agosto al boliche La Tienda. La teoría de la querella es que tras salir del local, Pichón fue golpeado por un patovica. Las sospechas apuntan a que el personal de seguridad del local tenía contacto con la comisaría 3ª.

Se cree que fue trasladado, ingresado sin ser anotado en el libro de guardia y golpeado. Una semana después, apareció flotando en el río. Días después fueron detenidos los policías Luis Noya y Maximiliano Amiceli (que hacían adicionales en el local) y los patovicas César Ampuero y José Luis Carlino, junto con Cristian Vivas como autor del crimen.

En febrero de 2016, la causa pasó al fuero federal al caratularse como desaparición forzada de persona. El juez Marcelo Bailaque liberó meses más tarde a los detenidos y luego se declaró incompetente.

A partir de allí, la investigación se estancó. Recién esta semana, según adelantó el abogado Salvador Vera, comenzará a realizarse una pericia clave. Se trata de un nuevo análisis (mejor tecnología) de las cámaras de seguridad de calle Sarmiento. 

Al repasar toda la causa, Luciana Escobar, hermana de Pichón, se detiene también en el mal desempeño del Instituto Médico Legal, en la mira por las irregularidades cometidas en la muerte de Casco.

“Recuerdo que la primera autopsia arrojó que el cuerpo de mi hermano no tenía ningún golpe. Desconfiados y pedimos hacer otra autopsia con otro perito y otro médico forense. Y el resultado fue otro”, explica Luciana en diálogo con Rosarioplus.com.

El forense Rodríguez estuvo a cargo de ese primer examen. “En la segunda autopsia se detectan hematomas y una inflación en los testículos que pudo haber sido producto de una pica eléctrica”, agrega.

Luciana admite que nunca pensó que el entramado de complicidades con las fuerzas de seguridad alcanzara a la medicina forense. “Uno intuía regularidades y palos en la rueda por estar la policía implicada, pero no se imaginaba tanto. Todo es dudoso”, señala.

 En su opinión, es “muy importante” que se ponga en evidencia la complicidad del IML en las causas de violencia institucional. “El avance en el caso de Casco va a marcar un precedente porque hay muchísimos policías implicados y porque se está llegando a fondo con estas patas civiles, fundamentales para mantener la impunidad”, concluye.