Los detalles de los alegres préstamos del Banco Nación le dio a Vicentin, explicados por uno de sus actuales directores, Claudio Lozano, alimentan una denuncia penal de la Unidad de Información Financiera (UIF) contra el ex presidente Mauricio Macri y sus personeros en las presidencias del Banco Central -Guido Sandleris- y del BNA -Javier González Fraga- por defraudación al Estado, lavado de dinero y fuga de capitales. El organismo presentó esta semana la acusación ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y pidió que se inhiban los bienes patrimoniales de los denunciados. 

La UIF se mete de esta manera, con intención de ser querellante, en la investigación profusa del gigante agroexportador, hoy en concurso de acreedores e intervenido por el Ejecutivo nacional. El organismo fiscal quiere saber cómo este gran aportante a la campaña de Macri por la reelección amasó una deuda de 18.500 millones de pesos en créditos de prefinanciación de exportaciones que no reintegró al BNA mientras empresas del grupo aumentaban sus activos en el exterior. Es parte del debate que se agenda en el Senado de la Nación.

“Habrían existido instrucciones explícitas de Presidencia para favorecer al grupo empresario”, dice la denuncia fiscal del organismo que dirige Carlos Cruz. "Las gerencias operativas habrían sido instruidas personalmente por González Fraga para beneficiar a la firma, y éste, a su vez, habría sido instruido al respecto por el entonces Presidente de la Nación”, señala según lo revelado este viernes por la periodista Patricia Blanco en Infobae.

La denuncia ya estaba formulada este jueves, cuando el presidente Alberto Fernández y el gobernador Omar Perotti se reunieron en Olivos con los ejecutivos de Vicentin.

González Fraga ya fue imputado por Pollicita, igual que los empresarios Alberto Padoán (ex presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario) y el CEO Gustavo Nardelli. Pero en la UIF quieren avanzar sobre la complicidad política del gobierno de Cambiemos que le pavimentó el camino para semejante pagadiós. Por eso apunta también a Macri, a Sandleris y a las personas jurídicas Vicentin SAIC, Vicentin Paraguay y Glencore.

“Existen indicios que nos permiten sostener que Vicentin no solo habría simulado su estado de cesación de pagos sino que, a su vez, habría utilizado su estructura en el exterior y/o la de Glencore para remitir sus ganancias al extranjero. Las operaciones de defraudación al Estado aquí investigadas no serían más que delitos precedentes de maniobras de lavado de activos desplegadas mediante aquellas firmas en el exterior", señala el texto al que accedió Infobae.

La causa madre surge de la denuncia que hizo Claudio Lozano en sus primeros días de director del BNA en la gestión de Alberto Fernández. Apenas asumió empezó a investigar la naturaleza de esa deuda que González Fraga permitió que se generara en beneficio del mayor aportante a la campaña de Juntos por el Cambio, y que dejó de pagar cuando esa coalición perdió las elecciones del año pasado.

Quedó acreditado que el BNA le prestó a Vicentin sin tomar mínimas garantías y a sabiendas de las complicaciones financieras que acarreaba el grupo en Argentina, mas no en el exterior. La denuncia apunta "millonarios movimientos de fondos hacia cuentas off-shore a través de complejas maniobras de lavado de activos”.

El organismo aseguró que “existió y/o existe una estrategia tendiente a concentrar las pérdidas en una firma del conjunto, a la que endeudaron irrazonablemente, para beneficiarse entonces con las ganancias de las otras firmas del grupo”.

La presentación remarcó que “Vicentin SAIC no es una isla, sino que forma parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el país y otras tantas en Uruguay, Paraguay, Brasil y España”, y apuntó al rol de Renova, “firma que canaliza parte del negocio de granos del grupo y en la cual se materializa el acuerdo estratégico que Vicentin tiene con el Grupo Glencore, uno de los mayores traders de granos del mundo”.

 

 

Fuente: Infobae