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La fiscal general de Brasil se mostró a favor de que Lula vaya preso

La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, pidió este jueves rechazar el hábeas corpus presentado para evitar la detención del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva al considerar que la Corte Suprema debe legalizar que cualquier condenado puede ir a la cárcel sin esperar a la tercera instancia.

Lo hizo al inicio de la sesión en la cual los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal deben decidir si la semana que viene Lula irá a prisión luego de haber sido condenado en dos instancias o, como dice la Constitución, puede estar libre hasta que el máximo tribunal trate su caso.

"No se ha infringido ningún derecho de defensa" al ex presidente Lula, dijo Dodge, quien sostuvo que el país tendrá "seguridad jurídica" si se mantiene la jurisprudencia de la corte de poder detener a una persona apenas con fallo de Cámara.

La Constitución, en cambio, sostiene que una persona debe ir a la cárcel una vez finalizado todo el tránsito de su caso en todas las instancias. Dodge, fiscal nombrada por Temer en setiembre pasado, defendió a la investigación de Lava Jato, que condenó a Lula a 12 años y un mes de prisión por corrupción. "Este precioso precedente no se presenta anticonstitucional", subrayó la fiscal general.

El abogado de Lula Roberto Batocchio dijo ante el Supremo Tribunal Federal que no respetar el precepto constitucional es la llegada del "autoritarismo" y que existe una "voluptuosa intención de detener a un presidente" por un sector del Poder Judicial.

"La Constitución y el Código Penal están bajo amenaza de muerte. Nadie está por encima de la ley pero nadie puede ser abandonado por el orden jurídico. Cumplir la pena antes de la tercera instancia viola la Constitución", dijo el letrado en la tribuna del Supremo.

Fuera del edificio, bajo el sol de Brasilia, centenares de manifestantes a favor y en contra de Lula se hicieron presentes en la Plaza de los Tres Poderes.

El abogado dijo que la actual Constitución de 1988 nació tras la dictadura militar. "En el texto la sociedad buscó la garantía de presunción de inocencia para rechazar el autoritarismo, ya sea verde oliva o del color negro de la toga judicial", afirmó.

Batocchio también rechazó que el Poder Judicial se curve ante la presión "de las calles".
"Para esto están los políticos, el parlamento debe sostener la voz d elas calles, no el poder judicial", tras denunciar que existe un "voluptuoso deseo de encarcelamiento y autoritarismo".

El lunes el tribunal de Porto Alegre debe determinar la prisión del ex presidente, al que condenó por haber recibido un apartamento por parte de la empresa constructora OAS.

Lula niega los cargos y asegura que es víctima de una persecución judicial para evitar su candidatura a las elecciones presidenciales de octubre, en las cuales es favorito. La sesión continuará con los votos de los 11 miembros del máximo tribunal.

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