La subsecretaria de Legal y Técnica de la Municipalidad, Juliana Conti, radicó una denuncia penal contra los responsables de las quemas intencionales de pastizales en las islas del río Paraná, en tanto delitos de seguridad pública y de daño al medioambiente.

La denuncia quedó asentada este martes en la Justicia Federal de la ciudad de Paraná, luego de que transcurrieran tres semanas desde que el intendente Pablo Javkin pidió al gobierno nacional que intervenga ante la quema intencional e indiscriminada de pastizales. Con la denuncia se establece formalmente la intención del municipio rosarino de que la Justicia federal identifique y sancione a los responsables, todavía no individualizados.

La presentación judicial solicita constatar por parte de las autoridades responsables del área, “si estos incendios fueron ocasionados de manera intencional” e “individualizar a sus responsables a fin de someterlos al proceso penal”. Agregó además que “de valorarlo la Fiscalía, la denuncia se realiza contra los funcionarios responsables de controlar el cumplimiento de la normativa en la materia”.

Para dar con las identidades de los titulares de los terrenos, en la denuncia elevada por la funcionaria se detalló que durante el pasado fin de semana se hicieron “capturas de pantalla con las coordenadas de los focos ígneos a fin de que por medio de un ingeniero agrimensor se informe los titulares registrales de dichas tierras”.

La funcionaria reclamó “la urgente intervención del Plan Nacional del Fuego”, un esfuerzo conjunto de las provincias de Entre Ríos, Santa fe y Nación que ya lleva años y no se termina de aplicar.

La quema de los pastizales, según indicó Conti en la denuncia, perjudica “a una vasta cantidad de actores, los habitantes de la ciudad más poblada de la provincia de Santa Fe, la fauna íctica de los cuales viven gran número de los habitantes de la ciudad y zonas aledañas, la flora, los pobladores ribereños, los turistas”, y los viajantes ya que “dificulta la visibilidad en las rutas propendiendo a la producción de accidentes automovilísticos”, ya que el aire contaminado afecta “a la atmósfera y al sistema respiratorio, entre otras cuestiones de salud”.

Los delitos contra la seguridad pública comprenden a quien “causare incendio, explosión o inundación” previendo agravantes si el hecho pusiere en peligro de muerte a una persona, o fuere causa inmediata de su muerte. Se trata de un delito “doloso, de peligro, el cual se agrava con el resultado de una muerte. Como también se prevé el tipo imprudente o negligente (culposo)”, resumió Conti.