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La Justicia decretó la intervención de Oil Combustibles

La planta de Oil en San Lorenzo donde trabajaban 400 personas

El Juzgado Nacional en lo Comercial 5 desplazó este martes a los administradores de Oil Combustibles, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, por "irregularidades" en la gestión del grupo y en su lugar designó a los coadministradores Francisco Cárrega, Liuba Lencova y Carlos Bianchi como interventores plenos.

Oil Combustibles atraviesa una situación financiera crítica por una millonaria deuda con la Afip, que provocó la parálisis de la planta que la firma posee en la vecina ciudad de San Lorenzo.

La decisión fue tomada por el juez comercial subrogante Javier Cosentino, quién detectó "irregularidades en torno a algunas contrataciones, que en principio se tratarían tales contrataciones de actos ajenos a la administración ordinaria, en aparente relación de dependencia, que no se compadecen con la situación de la empresa y que no la benefician".

Rosner y Dellatorre son, en rigor, los representantes en Argentina de OP Investments, un fondo inversor radicado en los Estados Unidos que estaba a cargo del gerenciamiento, pero sin ser aún legítimo dueño de la compañía.

En la resolución, Cosentino también aclaró que se "verificaron la existencia de una serie de contratos por servicios profesionales externos prestados en beneficio de terceros –ex directores y otras sociedades del grupo- cuyos honorarios fueron afrontados por OCSA (Oil Combustibles Sociedad Anónima), además de que en algunos casos no fue posible determinar si efectivamente fue prestado el servicio".

No obstante, Cosentino admitió que "no se desconoce el esfuerzo realizado por los señores Rosner y Dellatorre con la finalidad de allegar distintas propuestas para enmendar la crítica coyuntura, pero ninguna en concreto se ha efectivizado y la situación de caos generalizado se ha tornado evidente".

"Es entonces que la gravedad de los hechos y las circunstancias del caso llevan al Tribunal a adoptar la extrema medida de separación de la administración prevista en la ley de concursos, con la finalidad de preservar a la empresa concursada con todo lo que ello implica", finalizó la resolución.

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