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La Asociación de Fiscales salió a defender a los suyos y cargó contra Pullaro

El temblor político del gobierno provincial se originó cuando el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, comenzó a ser investigado por presunto cohecho pasivo para favorecer al comisario Adrián Rodríguez en un concurso de ascensos en la carrera policial. Las herramientas que hicieron explotar la situación fueron las escuchas telefónicas, que rápidamente fueron definidas por el gobierno como ilegales para correr de la discusión el contenido de las mismas. Sin embargo la Asociación de Fiscales salió al cruce para justificar la intervención de las líneas telefónicas.

En primer lugar, el Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Distrito de Santa Fe defendió la medida dispuesta por los jueces Nicolás Falkenberg y Sandra Valenti, y reafirmó que esas escuchas fueron “legales y correctas” aunque aclararon que los jueces que intervinieron desconocían el nombre de los titulares de las líneas solicitadas.

Luego fue el turno de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, que salió a defender a los fiscales Roberto Apullán y a su adjunta, María Laura Martí, por haber solicitado la intervención de la línea del ministro de Seguridad. En un comunicado expresaron “profunda preocupación por las declaraciones que son de conocimiento público relacionadas a actuaciones de Fiscales”.

Se refieren a las declaraciones de Pullaro, quien se defendió públicamente de las acusaciones y dijo que la intervención es "ilegal" y apuntó contra los fiscales por haber ordenado ese procedimiento. Visiblemente molesto, dijo hace unos días que "se trata de una operación política o de sectores oscuros que pretenden golpear a la política".

Vale recordar que la fiscal Martí requirió, a pedido de Apullán, intervención de cinco líneas telefónicas "con carácter de urgente, en el marco de la investigación por delitos contra la Administración Pública, falsificación de documento público”, según explicó el Colegio de Jueces.

En relación a esto, el comunicado de Fiscales aclaró que su función “es investigar toda hipótesis de delito donde parezca verosímil el mismo, a través de los medios de prueba que habilita el Código Procesal Penal" agregando que las intervenciones telefónicas las dispone el juez “una vez confirmados los suficientes fundamentos legales.

La Asociación de Fiscales que realizó la defensa corporativa de Apullán y Martí está presidida por el ex fiscal Fernando Rodrigo, quien renunció al cargo el mes pasado y está imputado de abuso de autoridad por solicitar escuchas teléfonicas sobre las líneas de una ex pareja y de sus familiares, sin que hubiera una causa penal o motivación legal para hacerlo. 

 

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