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Imputaron a Alvarado por las balaceras contra edificios del Poder Judicial

Tras el cuarto intermedio resuelto el pasado viernes, este lunes fue imputado Esteban Alvarado por ser considerado jefe de una asociación ilícita e instigador de amenazas hacia instituciones y miembros del Poder Judicial en tres ocasiones. Además fueron imputados cinco miembros de su banda, entre ellos los hermanos Rey, policías de la PDI.

Los fiscales de la Unidad de Gravedad Institucional imputaron a Alvarado los delitos de Jefe de Asociación ilícita en calidad de autor y “amenazas coactivas calificadas con la intención de obtener una medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos, teniéndolo como instigador del mismo”.

Alvarado fue acusado de utilizar su influencia “y los recursos materiales y económicos que detenta”, para instigar a terceras personas a efectuar amenazas hacia instituciones y miembros del Poder Judicial en tres ocasiones distintas.

Los hechos corresponden a las balaceras contra los Tribunales Provinciales y el Centro de Justicia Penal ocurridas en la madrugada del 10 de diciembre de 2018, y las amenazas contra una empleada del Ministerio Público de la Acusación en un domicilio de Rioja al 500, el 14 de enero de este año con el objetivo de “obtener una variación del curso de investigación del homicidio de Lucio Maldonado”.

En rigor, a Alvarado “se le atribuye ser el jefe de una asociación ilícita destinada a cometer delitos, al menos desde el periodo de agosto de 2018 hasta el 29 de abril de 2019”. En tanto, la jueza de primera instancia María Carrara aceptó la calificación legal presentada por la Fiscalía y dictó prisión preventiva efectiva para todos los imputados.

Los otros cinco imputados

A Martín Rey y su hermano Marcelo Rey (ambos policías de la PDI división Operativa de la UR II) se los imputó como miembros de una banda destinada a cometer delitos indeterminados, incumpliendo los deberes como funcionarios públicos. 

A Jorgelina Miriam C también se la imputó por ser miembro de una asociación ilícita mientras que a Nicolás Marcelo O. se le imputó haber colaborado en las amenazas contra la empleada del MPA con tareas de seguimiento y la toma de registros fílmicos y fotográficos del domicilio y sus vehículos.

Por último, la Justicia imputó a Pablo B. por haber incumplido las obligaciones inherentes a su cargo de personal policial de la policía de Santa Fe al entregar información reservada a terceros que finalmente llegarían a manos de Alvarado.

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