El fiscal santafesino Roberto Apullán quedó acusado de incumplimiento de sus deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y abuso de autoridad por ordenar una intervención al teléfono celular del ministro Maximiliano Pullaro.

Los fiscales Gustavo Ponce Asahad y Juliana González imputaron este martes a su colega santafesino, en el marco de una investigación penal sobre “defraudación a la administración pública, falsificación de documento público y otros”.

Se trata del segundo fiscal imputado en este caso, ya que el pasado 5 de octubre la fiscal de Santa Fe María Laura Martí fue imputada por los mismos cargos . Los audios tomados de conversaciones telefónicas del ministro -y filtrados a la prensa meses atrás- corresponden a una serie de llamados que el funcionario realizó tras enterarse de la detención del comisario Adrián Rodríguez por el presunto delito de cohecho en un caso de fraude con horas extras de la Policía.

La Justicia responsabiliza a Apullán de haber falseado el contenido del pedido de intervención telefónica presentado el 29 de septiembre de 2017 ante colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de la Primera Circunscripción, al haber pedido una autorización judicial para que se ordenara la intervención de línea telefónica habiendo omitido informar al juez quién era la persona que la utilizaba, y teniendo conocimiento que la línea telefónica en cuestión era utilizada por el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. Omitió también manifestar reales fundamentos que justificaran dicha medida, “con la finalidad de inducir al juez interviniente en error y engaño al momento de efectuar el control de legalidad de la medida”, precisaron voceros del MPA.

Se le atribuyó haber efectuado dicho requerimiento manifestando que se trataba de un pedido de nueva intervención telefónica de cinco líneas, entre las cuales estaba la línea en cuestión, siendo que las otras cuatro restantes ya se encontraban intervenidas y sobre las cuales se peticionaba su prórroga, haciendo alusión a una anterior intervención autorizada en fecha 22 de Septiembre de 2017, y se le indilgó haber falseado dicho extremo con el mismo fin de inducir a error y engaño al juez.

La falsedad ideológica fue vista por haber efectuado un ejercicio abusivo y arbitrario de la función pública como instrumento para violar la garantía de derecho a la intimidad y privacidad que posee todo individuo, como asimismo la garantía que prohibe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas, así mismo violar la Ley 13013, cuyo cumplimiento le incumbe en razón del desempeño de su cargo de Fiscal en lo que concierne al deber de ejercer la función respetando el principio de “Respeto por los derechos humanos“, disposiciones que estaban en su conocimiento y debió haber haber ejecutado y respetado en ejercicio legítimo de su función y cuyo cumplimiento le incumbía en razón de su cargo.