El ex jefe de la Unidad Regional II de la Policía, Marcelo Gómez, fue imputado por incumplimiento de deberes como funcionario público por quitar las custodias de los edificios judiciales de Rosario. Buscó defenderse al argumentar que su cargo lo habilitaba a ordenar variantes.   

La fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos Paola Aguirre  confirmó que se pudo acreditar que Gómez dio la orden a la Brigada de Orden Urbano a quitar la custodia, y en conferencia de prensa detalló que la lógica de la orden impartida deviene de lo declarado por el ex policía este martes en la audiencia: “Gómez dijo que tenía las facultades de hacer recambios y de disponer de su personal como jefe de la URII, y luego explicó que no tuvo comunicación con sus superiores –cabe contextualizar que el hecho ocurrió en los primeros días del nuevo gobierno provincial-, y entendió que él podía ordenar los recambios”.

Según varios testimonios aportados a la causa, “los efectivos iban a ser llevados a cumplir el ‘servicio de Felices fiestas’, una organización circunscripta a la URII que sirve para brindar seguridad durante las fiestas de fin de año, y fueron reubicados para cumplir esos servicios”, reveló la fiscal.

Gómez había sido ascendido a la jefatura de la UR II el 11 de diciembre por el gobierno recién asumido de Omar Perotti. Pero tras un cortocircuito con el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, dos días más tarde presentó su renuncia, al igual que otros dos titulares de otras Unidades Regionales. En aquel momento, salió a la luz un audio de WhatsApp en el que el ministro le recriminaba a Gómez haber sacado la guardia de los establecimientos oficiales.

Cómo sigue la causa 

Aguirre aclaró que no le corresponde a su persona “analizar si Gómez entendió la gravedad de sus actos”,  y que tampoco puede “analizar su intencionalidad”. Sin embargo destacó que “éste delito es sumamente grave teniendo en cuenta la trayectoria del funcionario público, que es un jefe de unidad que da la orden verbal en contra de una autoridad provincial”.

La pena será de una multa e inhabilitación, aunque la fiscal destacó que “al ser una investigación compleja, con el tiempo le pueden recaer más imputaciones”. Hay medidas pendientes, como analizar el teléfono del ex funcionario, que será secuestrado.