"Me empecé a preguntar si la idea original, que era rescatar una empresa e ir resolviendo el problema de los productores, no se convirtió en un salvataje para los empresarios", reflexionó el presidente Alberto Fernández sobre la cerealera Vicentin, en default por 100 mil millones de pesos. "No quería terminar estatizando deuda privada", agregó.

El jefe de Estado planteó que, desde la intervención, "entre los directivos de Vicentin y la Justicia impidieron conocer lo que pasaba" en la empresa. "Llevé casi 60 días esperando que la Justicia abra una puerta, y nunca lo logramos, por acción de los directivos de Vicentin y de la Justicia", añadió.

No obstante, aclaró que lo que sí "pudo ver" es que "hay serias denuncias penales contra los directivos de Vicentin; que los créditos dados por el Banco Nación están severamente cuestionados; que hay en Estados Unidos una denuncia para buscar dónde fueron a parar recursos de Vicentin, y denuncias de lavado de dinero".

El viernes último, Fernández derogó el decreto por el que había ordenado la intervención de Vicentin durante un plazo de 60 días y ordenó acciones que permitan "dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado" por los créditos que se le dieron a la firma.