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Explotaban una cadena de pensiones clandestinas y lavaban plata en Uruguay

Los allanamientos con los que la ciudad amaneció este martes  obedecieron a una investigación del fiscal Matías Edery sobre una organización que habría consumado estafas por un monto de 70 millones de pesos. Las acciones de Policía de Investigaciones y Gendarmería Nacional se orientaron sobre nueve domicilios relacionados con este grupo involucrado en una cadena de lavado de activos cuya fuente era el pago de decenas de familias humildes alojadas en una serie de pensiones clandestinas y en condiciones de precariedad habitacional. Según el fiscal, la organización también tendría vinculación con la venta de cereal en negro, entre otros delitos. El producido de estas actividades no legales era enviado a Uruguay para su blanqueo.

El fiscal Edery detalló que son varias las maniobras atribuidas a esta organización: “Usurpaciones de viviendas para uso como pensiones u operaciones irregulares con sus propietarios, donde vivía mucha gente, a la cual se le cobraba un monto en negro". En muchos lugares estaban conectados de forma irregular a la energía eléctrica, por lo que personal de la EPE secuestró los medidores y cortó el suministro.

Fueron nueve los allanamientos, tres en domicilios particulares (un estudio jurídico), y seis pensiones, en Zeballos al 3700, Constitución al 1500, Santa Fe al 4300, Benegas al 7800, Carranza al 3700. Además, dos de los procedimientos se realizaron en calle Cochabamba al 4000 y Kay al 170. No hay detenidos. Las personas investigadas como partícipes de este grupo no tendrían antecedentes penales.

Entre los lugares allanados hay pensiones con 46 piezas, y otras de 30 piezas, por lo que los damnificados son decenas de familias y particulares hacinados en esas condiciones. "Si se suma la cantidad de personas que habita, y la cantidad de años, se estima una cifra muy alta”, aseveró Edery.

La titularidad de los inmuebles la tienen empresas constituidas en Uruguay, a través de las cuales se sacaba el dinero al exterior. Allí se secuestraron: 400 mil pesos en una de las viviendas particulares y material informático. En otra, 135 mil pesos y 11 mil dólares, y hay vehículos secuestrados con patentes del país vecino.

La investigación comenzó cuando una persona particular denunció a una de las pensiones clandestinas sin habilitación ni material de seguridad ni salubridad.

El comisario de la PDI, Víctor Martínez precisó sobre los allanamientos que “las condiciones de seguridad eran mínimas, no hubo resistencia, faltaban las medidas de emergencia", y observó cómo "en algunos lugares había condiciones de hacinamiento”.

La investigación del fiscal Edery continúa ahora con un complejo análisis de la documentación secuestrada, “que se va a cruzar con los datos que ya están en la causa, que ya tiene cuatro cajas de documental”.

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