El plan marchaba tal como se había planeado. Faltaba un último paso para concretar el fraude. Juan Roberto Aymo, Eduardo Martín Torres y Marcelo Basilio Jaef, tres de los diez imputados que tiene hoy la megacausa por estafa y lavado, se relamían por una jugosa operación que estaba a punto de cerrarse. Habían sorteado las instancias más complicadas del engaño: la supuesta legalidad de un falso poder y la obtención de las escrituras de las dos propiedades que pretendían adueñarse.

La última jugada, en teoría, no revestía mucho peligro. Había que presentar toda la documentación recolectada en una escribanía para instrumentar la compraventa fraudulenta de los inmuebles. Pero el mismo día que se iba a rubricar la firma, un comentario a la pasada dejó la estafa en evidencia. “¿Así que tu suegro vende en calle Roca?, le dijo la dueña de la escribanía a su pasante, en pareja por aquel entonces con una de la hijas del legítimo dueño de las propiedades. Sorprendido por la novedad, el joven llamó de inmediato a su novia, quien negó la intención de venta y la cesión de un poder para tal fin. Minutos más tarde, la operación estaba caída.

El caso es uno de los seis que el fiscal Sebastián Narvaja, a cargo de Unidad Fiscal especializada en Delitos Complejos y Económicos, detalló días atrás en la audiencia imputativa para mostrar la logística y el modus operandi que utilizaba esta organización delictiva para adueñarse de bienes ajenos. El intento de estafa se produjo en mayo de 2014 y la víctima fue la familia Marelli, dueña de una reconocida empresa de construcción de Rosario.

Según se detalla en el expediente, el 19 de mayo de ese año, Juan Roberto Aymo, titular de una agencia de autos, obtuvo un poder especial esgrimiendo una falsa potestad de seis integrantes de la familia Marelli para que, en su nombre y representación, “ceda, venda y transfiera, a favor de quien resulte comprador, por el precio y la forma de pago que crea conveniente, ya sea en forma conjunta o separada” los inmuebles de su propiedad ubicados en calle Pte. Roca N° 8 y N° 20 de Rosario.

Con la connivencia y la firma del escribano Eduardo Martín Torres (otro eslabón de la asociación ilícita), Aymo logró su cometido. Dos días más tarde, el empresario concurrió al Archivo de Protocolos Notariales y mediante la utilización del poder apócrifo salió por la puerta con las escrituras de ambos inmuebles.

Finalmente, entre los días 21 y 26 de mayo, Aymo le entregó toda la documentación a Jaef, el supuesto comprador de las viviendas. Entonces, el empresario asistió a la escribanía Buffetti & Asoc, con la que mantenía una relación comercial de más de 20 años, y pidió confeccionar con “urgencia” un boleto de compraventa.

“Nosotros llegamos a organizar la operación, llegamos a pedir todo, estaba todo bien. La averiguación del certificado la hice yo y salió todo perfecto, estaba muy lindo todo. La operación se hacía sino fuese por la conversación que mantuve con German Cosentino, por aquel entonces pasante de la escribanía”, admitió en Fiscalía Liliana Gianonne de Buffetti, una de las dueñas de la escribanía.

El botín

Las viviendas de calle Pte. Roca 8 y 20 forman parte de tres lotes contiguos que en 1987 el señor Leonardo Florencio Candido Marelli donó a sus cinco hijos. Están desocupados y con una tasación superior a los tres millones de dólares.

Lara Marelli, hija de la víctima, dijo en su declaración testimonial que su familia siempre quiso hacer algo con esa esquina pero que “nunca se definieron”. “Son tres casas que están cerradas, si uno se pone a mirarlas una semana o tres días se da cuenta que no hay ningún tipo de movimiento en esas propiedades”, explicó.

Tres meses antes de intentar ser estafado, los Marelli evitaron un intento de usurpación. “Sonó la alarma, al lado viven dos tías, fueron a ver, ingresaron a la propiedad y vieron que había un colchón y una lucecita, por lo que salen asustadas. En ese interín aparece una persona que quería entrar, un abogado que decía que era su propiedad. Mi papá le dice que eso no es cierto y este abogado se tomó un taxi y se fue”, describió la mujer.

El engaño al descubierto

La voz de alerta del pasante de la escribanía derivó en una serie de trámites para corroborar el fraude. Primero, los Marelli se acercaron hasta el estudio y comprobaron que las firmas que figuran en el poder no eran suyas, lo que luego fue ratificado semanas más tarde por un perito calígrafo.

Explicaron que no conocían al notario Torres, que nunca habían concurrido a su escribanía y que el poder tenía muchos errores. Dedujeron que los datos y las firmas fueron copiados de alguna vieja escritura familiar archivada en alguna dependencia pública. Además, dijeron desconocer a Marcelo Jaef, el supuesto comprador.

Leonardo Luis Marelli, uno de los estafados, dio más precisiones en su denuncia, la cual figura entre las evidencias presentadas por la fiscalía. “Han intentado con la falsificación de mi firma habilitar a un sujeto llamado Juan Roberto Aymo a vender mi propiedad. Además de ser apócrifa, mi firma no es la mía sino la de mi abuela y como si fuera poco las condiciones civiles están erradas. En caso de mi hermano dice soltero y no es soltero, de su hermana dice casada y es divorciada”, se lee en su descargo.

Al descubrir el intento de fraude, los dueños de la escribanía denunciaron de inmediato a Torres ante el Colegio de Escribanos. A su vez, llamaron a Jaef para ponerlo al tanto de la estafa. Pensaban que era otra víctima y no un engranaje clave de la artimaña.

“Llamamos al comprador y le dijimos que no se hacía la operación y vino corriendo y se llevó el título. Apenas nos enteramos hicimos una denuncia en el Colegio de Escribanos”, explicó  Liliana Gianonne de Buffetti. Su marido,  Walter Jorge Buffetti, brindó la misma versión. “La documental se la devolví a Jaef, la agarró y no me dijo nada. Lo volví a ver socialmente y no me hizo ninguna referencia sobre el caso”, agregó en sede judicial.

La investigación de Fiscalía da cuenta que el burdo no alteró en lo más mínimo las otras estafas que estaban en curso. Un mes y medio más tarde, Aymo, Torres y Jaef participaron activamente en la sustracción de un campo de 124 hectáreas situado en Monte Flores, muy cerca de Villa Amelia. En ese caso, la venta ilegal se concretó sin ningún manto de sospecha. Ningún pasante evitó el fraude.