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El lado B del control de cuarentena: abusos policiales a vecinos en los barrios

La cuarentena no se vive igual en todas partes. La condición social determina, al menos por las denuncias de abusos policiales que se acumulan en los barrios. Tanto que el asunto mereció la intervención del Servicio Público de Defensa Penal (SPDP) y del Concejo municipal. Los relatos cuentan de arrestos policiales en el marco del control para el cumplimiento de la cuarentena, contra vecinos que salen a hacer mandados, a jóvenes beneficiarios del programa Nueva Oportunidad que regresaban de cobrar sus becas, demoras de algunas horas en las comisarías, con creación de causa penal, retención ilegal del DNI, amontonados y derribando toda prevención sanitaria. Aquel que cae detenido durante la noche sabe que no saldrá de la comisaría hasta la mañana siguiente. Según refieren los jóvenes, los policías dicen que los fiscales no quieren que los llamen después de medianoche ni antes de las 8 AM, por eso no los liberan. Esto motivó una presentación de la defensora general, Jaquelina Balangione.

La defensora general presentó en Santa Fe un habeas corpus preventivo para esclarecer cómo es el protocolo de actuación policial. Es que allí le llegó esa versión de que los fiscales no aceptan llamados policiales entre la medianoche y las 8 AM, y por esa razón los detenidos no son liberados hasta que el fiscal autorice. Hasta ahora ese pretexto policial no apareció por escrito. "No creo que una barbaridad así quede por escrito, estamos analizando la legalidad del protocolo y los criterios de la policía", señaló la defensora general a Rosarioplus.com. "Se trata de que la gente se quede adentro, sí, pero si tuviéramos una policía mediadora, más conciliadora... La gente vive en la calle porque no tiene donde, se mete bajo techo a dormir, pero son tal vez 12, luego viven en la calle porque no tienen otro hábitat. Y en el ministerio dicen que cualquier cosa está la vía de violencia institucional para denunciar, pero la gente no denuncia por temor a represalias", expuso Balangione.

En Rosario los primeros abusos referidos provienen de los barrios Las Flores y el asentamiento de la comunidad Qom en el extremo sudoeste de la ciudad. Policías que abordan en la calle a vecinos que regresan a casa luego de hacer mandados. "Los detienen y les tiran la mercadería a la basura... ¡con la necesidad que hay en estos días! ¡Qué actitud perversa!", se indignó la concejala Susana Rueda (FPCS), presidenta de la comisión de Derechos Humanos del parlamento local.

La edila recabó numerosos testimonios coincidentes durante la semana, y presentó un pedido de informes al Ejecutivo para poner en agenda esta violación de derechos por parte de la fuerza de seguridad.

Rueda reparó en el detalle de que el martes, en el trayecto de su domicilio, en el centro, hasta Las Flores no cruzó ningún control policial, pero en el último barrio antes del arroyo Saladillo encontró cuatro. 

Susana Rueda, autora del pedido de informes.

"Los referentes de las organizaciones relatan situaciones preocupantes. Los chicos del barrio a la noche o la madrugada están en la calle, tienen la costumbre de juntarse en la vereda a charlar un rato, fumar un pucho. Es que el adentro no es placentero para nadie, pero mucho menos para familias que conviven hacinadas en una casa, y no tienen el mismo confort que el de familias con ingresos regulares, por eso buscan un respiro afuera. Y cuando están adentro, cuentan, viene la policía y les dice que salgan. Ellos no quieren porque saben lo que va a pasar. Pero les insisten y salen, y entonces los tiran al suelo, los esposan, les pisan la cabeza, vuela una cachetada, los familiares se alteran. Todo por no proceder de otra forma", reprochó Rueda en base a los relatos recogidos. 

"Hubo casos de jóvenes del Nueva Oportunidad que la policía los detuvo cuando volvían de cobrar la beca. Hasta le quisieron quitar la plata, pero los vecinos lo evitaron", agregó. 

"A algunos chicos la policía les quitó el DNI, lo que es inconstitucional, y los llevaron demorados a la comisaría, donde estuvieron hasta 6 horas por averiguación de antecedentes, lo cual es legal, ¡pero junto a un montón de personas, cuando lo que se busca es evitar la aglomeración de gente!", marcó Ignacio Arévalo, referente de la asociación civil La Rueda, del barrio San Francisquito.

La razón de tanta demora, en algunos casos, se explicó con un argumento inefable: la policía alega que los fiscales no quieren que se los llame entre las 0 y las 8 de la mañana, por lo que toda detención nocturna significa amanecer en la comisaría hasta que la causa llegue a Fiscalía. Esto causó un escándalo en Tribunales y es motivo de investigación.

Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, destacó el miércoles en su cuenta de Twitter la dimensión cuantitativa del control policial en toda la provincia: 29500 intervenciones, 10700 personas detenidas (3200 en Rosario), 600 vehículos secuestrados. "Anoche había 20 detenidos en la seccional 10°, de Alberdi. Veo a Sain festejando intervenciones policiales y me genera espanto porque hace una relación directa de cantidad con calidad de control, y no es así. Entonces los malos policías ven luz verde para esas actitudes perversas. El ministro hace estadística con abusos policiales incluidos para garantizar la cuarentena", repudió la concejala del Frente Progresista.

La Rueda, en Amenábar 3879, es una ONG que alberga talleres del Nueva Oportunidad, y como tal es caja de resonancia de los atropellos policiales referidos. Ignacio Arévalo contó desde allí varias anécdotas al respecto. Una compañera detenida cuando viajaba al centro para comprar tela para los barbijos que confeccionan en el taller. La demoraron seis horas en la comisaría 21°, al borde de una crisis de epoc, la insuficiencia respiratoria que padece. Algo similar sucedió con un vecino epiléptico. "Bueno, le vamos a curar la epilepsia a patadas", escuchó un familiar de parte de un agente de la misma seccional de Arijón al 2100.

"Hay policías que hacen bien su trabajo y se sacrifican en estos días, pero hay otros a los que no les importa la situación, no hacen caso, no escuchan. Y es una contradicción porque hay que prevenir la aglomeración de personas, pero siguen haciendo eso, al menos acá en los barrios", distinguió el militante barrial.

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